El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Rafael Solís acusó este lunes al Gobierno que preside Daniel Ortega de ocupar sus propiedades y las de su familia, entre viviendas y negocios.
EFE
Solís, padrino de bodas de Ortega y de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, a quienes criticó duramente tras renunciar a su cargo en enero de 2019, dijo a la plataforma Confidencial desde Costa Rica, donde se exilió, que las autoridades le han expropiado propiedades a él, a su madre Rafaela Cerda, a su hermana Ana Isabel Solís, y a su sobrino Aldo Rapaccioli Solís, ubicadas en Managua y en el turístico balneario de San Juan del Sur.
“Se dejaron ir contra mí con mucho odio, con mucha saña, con una ofensiva fuerte”, apuntó Solís, quien era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial y fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 «inaplicable» el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección.
Hace dos semanas, la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado, justificó las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a nicaragüenses desnacionalizados, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes.
No esperaba que afectaran a su familia
El exmagistrado judicial, a quien las autoridades despojaron de su nacionalidad hace 15 meses, explicó que las propiedades, entre viviendas y negocios, han sido «tomadas» por la Policía Nacional, que dirige un consuegro de Ortega y Murillo.
«Solo habían hecho las confiscaciones en el Registro (de la Propiedad), pero en muchas propiedades no habían tomado posesión, ahora sí lo hicieron”, apuntó.
Solís, que acusó a Ortega y Murillo de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país desde abril de 2018, sino más bien con el afán de imponer un «Estado de terror» con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales, dijo que no esperaba que el Gobierno afectara a sus familiares.
«Creí que se iban a limitar a mi persona. Y eso que en Costa Rica lo que hecho es tener una vida con bastante perfil bajo en lo político, no me he metido de cabeza en ninguna de las organizaciones (opositoras)”, comentó el exjuez, que cuando renunció a su cargo sostuvo que en Nicaragua se estaba consolidando «al menos una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado».
El viernes pasado, el Gobierno sandinista inauguró una escuela de hotelería en el balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico, en un condominio construido por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus cuatro hijos, y en el hotel Casablanca, propiedad de la madre del exmagistrado, de 93 años.
Advierten de deuda pública
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado nicaragüense.
Esa investigación señala que las «ilegales confiscaciones de bienes» constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como ‘piñata’.
La denominada ‘piñata’ es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el periodo de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a Violeta Chamorro.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
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