Ilek Santiago murió desamparado, sin una pensión o seguro médico. Tenía 73 años, 56 de ellos en República Dominicana, adonde llegó de Haití para trabajar la caña de azúcar.
Es un trabajo duro y mal pagado, que en su mayoría lo hacen indocumentados haitianos.
La lucha de los cañeros por una pensión lleva años, sin mayores avances. Estos trabajadores aportaron a la seguridad social con la esperanza de un retiro digno.
Santiago murió por un cáncer de próstata no tratado. “Solicitó la pensión en 2013 y nada, no se le otorgó su pensión como a otros cañeros”, dice a la AFP Jesús Núñez, líder de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), de la que Santiago era miembro. “Hubiese durado algo más”, pero “no tenía seguro de salud”.
La UCT ha organizado por años protestas para exigir el pago de pensiones a más de 1.600 trabajadores de la caña.
Santiago era líder de la UCT en 14 bateyes, precarios asentamientos, en su mayoría sin electricidad ni agua potable.
Es sábado y sus familiares se reunieron para un rezo a dos semanas de su fallecimiento.
Dos manteles blancos fueron colgados como cortinas y entrelazados con nudos en una diminuta sala, dejando entrever las láminas de zinc y de cartón que conforman las paredes y el techo de la casita con piso de tierra donde murió Santiago en Bayaguana (Monte Plata, este).
Dos fotografías suyas están sobre una mesa plástica donde improvisaron un modesto altar: “Tus familiares y amigos nunca te olvidaremos”, “Descansa en paz”, son algunas de las frases que acompañan las imágenes donde aparece sonriente.
Entre los sollozos de hijos y nietos de Santiago, que llegó a República Dominicana en 1969, con 17 años, un pastor evangélico conduce oraciones en su casa.
“Sin cañeros no hay azúcar”, se lee en la gorra que lucen algunos integrantes de la UTC, que llamaron a una protesta en junio hasta el Palacio Nacional, sede del gobierno, en reclamo a sus derechos laborales.
Varios lucen camisetas blancas con el rostro de Santiago.
“Pasando miseria”
La caña es un rubro tradicional en República Dominicana, en el que la mano de obra es mayormente conformada por haitianos o sus descendientes, una situación que se remonta a la época del dictador Rafael Trujillo (1930-1961), que impulsó la búsqueda de trabajadores en el país vecino.
Y a medida que se complicaba la vida en Haití, los obreros decidían quedarse en Dominicana.
Estos jornaleros pasan años trabajando unas 70 horas semanales por un pago de 10 dólares diarios en el mejor de los casos.
El gobierno del presidente Luis Abinader, reelecto para un segundo mandato el 19 de mayo, prometió “justicia” al llegar al poder en 2020, pero “no cumplió”, lamenta Núñez.
Las autoridades no respondieron a un pedido de la AFP por una cifra oficial de cañicultores pensionados, que según la UCT, va por 3.700.
Pero Telmi Confidente por ejemplo dejó de percibirla en 2014 sin explicación.
“Estoy pasando miseria”, dijo este hombre que llegó al país en 1969 y hoy está incapacitado para volver a los cañaverales.
Abinader ha sido popular por su postura de mano dura con los haitianos, cerrando la migración y enfocado en aumentar las redadas y deportaciones (250.000 en 2023). También levantó un muro en la frontera.
“Nunca me dieron nada”
Cuando comenzaron a llegar los trabajadores de la caña, hace casi un siglo, eran registrados en un libro distinto del oficial. Recibían una “ficha”, que no era más que un comprobante de empleo. Ni visa ni residencia.
Esa ficha, dice Núñez, es suficiente para hacer el trámite. “Ahora no se permite”, lamenta Núñez.
La regularización de estos migrantes y su descendencia es cada vez más cuesta arriba. Un fallo judicial en 2013 le arrebató la nacionalidad a unos 250.000 dominicanos de padres extranjeros, la mayoría de Haití, nacidos entre 1929 y 2010.
Luis Nazareth, un colega de Santiago, extravió su cédula y cuando solicitó una nueva le dieron un “recibo”. “Nunca quisieron dármela otra vez, y ya tengo 12 años desde que solicité mi pensión, nunca me dieron nada”, lamenta.
La explotación en los campos de caña aporta un 2% del PIB dominicano, aunque Estados Unidos, su principal socio comercial, ha restringido importaciones por denuncias de trabajo forzoso e infantil.
A espera de una pensión, Confidente depende de sus hijos. “Si no ya habría caído muerto hace tiempo”. AFP
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