“Definitivamente el acceso a la justicia está negado en Venezuela”, es una de las brutales conclusiones del informe que hoy presenta la organización Una Ventana a la Libertad y que cubre el primer semestre del 2024 según lo ocurrido en los Centros de Detención Preventiva y en los Centros Penitenciarios, pero enfatizando a sus familias como “Víctimas por parentesco”.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Una Ventana a la Libertad tiene como director general a Carlos Alberto Nieto Palma; Coordinación de Investigación, Magaly Huggins Castañeda: asistente de Investigación, Nohely Marín: coordinación Operativa, Carol Carrero Marrero, junto a todo un equipo de investigadores en todo el país.
“Siempre he pensado que son los familiares de los encarcelados, en su gran mayoría mujeres, las que más sufren por la prisión de sus familiares cercanos, sean estos hijos, esposos, concubinos, parejas o amigos cercanos”, dice Nieto Palma.
En el informe destacan que, durante los últimos años, en Una Ventana a la Libertad hemos venido denunciando como el gobierno venezolano ha ido desplazando su obligación como Estado responsable de la vida y calidad de vida de las personas bajo su custodia, particularmente las personas detenidas en los calabozos o Centros de Detención Preventiva (CDP), a las familias de los mismos, en una descarada violación de los Derechos Humanos tanto de las personas detenidas como de sus familiares.
En el estudio que hizo la organización arroja que “un total de 20 hombres (90.91%) y 2 mujeres (9.09%) fueron detenidos sin pruebas ni en flagrancia y, 2 de ellos (9.09%) por motivos políticos”.
Consideran “el retardo procesal como una violación de los derechos humanos de la persona detenida, el cual también violenta los derechos de sus familiares. La injusticia duele, la justicia sana”.
“Otro elemento importante es la vivencia de ser castigadas/os como si fueran culpables del error cometido por su familiar. Esta parece ser una de las causas del mal trato que reciben las familias que asiduamente visitan a su detenido. Las culpan, las acusan y las irrespetan”.
Son enfáticos “no es la familia la que falta a su responsabilidad con la/el detenido; es el Estado venezolano el que falta, nadie más”.
Resalta el Informe lo ocurrido con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, “al pasar un poco de tiempo la situación en los CDP está peor que antes de la promulgación de dicha Comisión. Propaganda no es política pública, improvisación tampoco”.
¿Los más afectados? la familia popular venezolana, “la que carece de dinero y de poder; y si un familiar comete un delito o es acusado de cometerlo, puede permanecer detenido por mucho tiempo aun cuando no se demuestre su culpabilidad. Los llamados delitos de cuello blanco, que son cometidos por quienes ostentan altos cargos de poder o en empresas privadas, por lo general no llegan a juicio y, si llegan son absueltos”.
Una dura afirmación reflejada por Una Ventana a la Libertad: “sobrevivir en Venezuela es una obra de arte, porque no hay política de bonos especiales que logree disminuir estos niveles de pobreza e inflación”, además ha aumentado la desnutrición en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores”.
“Muchos niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema educativo y se dedican a trabajar para ayudar a la familia o, son cooptados por bandas criminales o de trata de blancas que los comercializan y prostituyen”.
“La migración de jóvenes de ambos sexos en edad productiva desde Venezuela, ha generado que las familias hayan quedado mayoritariamente a cargo de personas de la tercera edad con capacidades laborales, disminuidas”.
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