El juez electoral Fernando Muñoz admitió a trámite la demanda contra el presidente del país, Daniel Noboa, presentada por su vicepresidenta, Verónica Abad, y convocó a las partes a una audiencia para el próximo 12 de septiembre.
EFE
Abad demandó a Noboa por supuesta violencia política de género, que podría ser considerada como una «infracción electoral muy grave» y que puede conllevar una condena de destitución, multa y pérdida de los derechos políticos entre dos y cuatro años.
En la admisión a trámite de la causa decidida por el juez Muñoz, cuyo fallo se difundió a través de varios medios digitales, se niega un pedido de «auxilio judicial» solicitado por Abad, debido a la falta de una «fundamentación que demuestre la imposibilidad de acceso a la prueba pericial o documental».
Tras admitir a trámite la causa, el juez Muñoz fijó el 12 de septiembre como la fecha para celebrar la «audiencia única de pruebas y alegatos».
La demanda de Abad, además del presidente Noboa, afecta también a su canciller, Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y la asesora presidencial Diana Jácome.
Justamente, la asesora Diana Jácome presentó el pasado 15 de agosto una denuncia electoral contra la vicepresidenta Abad, por supuestamente tratar de usar la ley como una arma política contra el Gobierno.
Jácome pidió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspenda los derechos políticos de Abad y le aplique una multa.
El escándalo entre Abad y Noboa, que viene desde hace algunos meses, se ha agudizado en los últimos días y coincide con la marcha del proceso electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos del próximo 9 de febrero.
El rifirrafe entre ambos apareció poco después de que se presentaran en binomio o tándem para el proceso electoral del año pasado, unos comicios convocados de manera anticipada por el expresidente conservador Guillermo Lasso, quien no completó su periodo (2021-2025).
Ya en la campaña electoral de esos comicios se había advertido del distanciamiento entre Noboa y Abad, cuya última actividad en conjunto fue el juramento de sus cargos en noviembre pasado.
Tras asumir la jefatura del Estado, Noboa designó a Abad como embajadora plenipotenciaria del país en Israel, con la misión de buscar la paz en esa región del mundo, aunque la distancia no calmó la pugna entre ambos.
Noboa anunció que se presentará a la reelección para mantenerse en el poder por un periodo completo de cuatro años, pero teme dejar el puesto a Abad que, según la normativa interna, debe sucederle durante el periodo de licencia que el gobernante debe solicitar para dedicarse a la campaña electoral.
Según autoridades del Ejecutivo, sería «nefasto» que Abad reemplace a Noboa en el cargo en la campaña electoral, ya que podría trastocar los planes de su Administración.
Abad afronta también ante el TCE otra denuncia por una presunta infracción en las elecciones locales de 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de la ciudad andina de Cuenca que, de confirmarse, le podría significar la pérdida de sus derechos políticos.
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