El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, presentó este martes el proyecto de acuerdo con el que instará al Gobierno a «evaluar» la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en el país europeo- como presidente electo.
EFE
El documento, leído durante la sesión, insta «al Ejecutivo nacional a que evalúe, en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición» del Congreso español contra «la constitucionalidad venezolana».
El pasado 11 de septiembre, el Congreso, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular (PP) en la que pide al Gobierno reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de este mes para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en su país.
En ese sentido, la Asamblea Nacional (AN, Legislativo) venezolana rechaza, según el proyecto de acuerdo, «la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso» del país europeo, y exhorta a los parlamentarios españoles a «respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente», a Maduro como «presidente reelecto» en los comicios del 28 de julio.
Ese resultado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desagregada, es rechazada y señalada como «fraudulenta» por la oposición mayoritaria -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y ampliamente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional, que exige la publicación de las actas.
El proyecto de la AN señala la decisión del Congreso español como una «acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática» de Venezuela, además de la «voluntad soberana de todo un pueblo».
Asimismo, dice que, en los últimos años, la «ultraderecha española ha refugiado a criminales, fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes conjuntamente con la derecha venezolana, han promovido golpes de Estado fallidos» en el país caribeño y «la explosión de violencia para generar desestabilización política y social».
«Jamás aceptaremos que ningún Gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestro asuntos internos», agrega el documento.
El proyecto fue presentado a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien, la semana pasada, pidiera redactar una resolución, que espera sea aprobada, para instar al Ejecutivo a romper «todas las relaciones» diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España.
Rodríguez exigió que la resolución establezca que «todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato», en respuesta a lo que consideró como «el atropello más brutal» de España contra Venezuela «desde los tiempos» en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso de la nación europea.
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