Se cumplen 18 días de la peor crisis humanitaria que ha atravesado el país en décadas por la sangrienta confrontación en el Catatumbo, que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 53.000 personas y que deja 52 asesinatos confirmados (aunque se habla de al menos 80) y la desaparición de diez firmantes de paz.
La gravísima situación por los combates entre Eln y disidencias de las Farc que llevó al presidente Gustavo Petro a decretar un estado de conmoción interior en esa zona de Norte de Santander –y en Cúcuta y dos municipios del Cesar–, por el que ya se han dictado 9 decretos con fuerza de ley que buscan conjurar el colapso en seguridad y orden público, tiene un delicado trasfondo asociado a las millonarias rentas criminales que estos grupos recaudan en ese corredor estratégico que une a Colombia y Venezuela con 467 kilómetros de frontera porosa.
EL TIEMPO accedió a documentos secretos de la Fuerza Pública que dan cuenta de la magnitud de los negocios criminales –contrabando, lavado de activos, minería ilegal, secuestros, narcotráfico y extorsiones “en ambos lados de la frontera”–, que se convierten en el carburante del conflicto desatado por un Eln que pretende retomar, sin límites, el control que perdió tras dos años de una tregua que permitió el avance del frente 33 de las disidencias.
¿$ 5 billones por coca?
Un documento “secreto de uso exclusivo”, enviado el 23 de enero al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y suscrito por un coronel de la Dirección de Planificación y Planeamiento de las Fuerzas Militares, advierte que los grupos armados con presencia en el Catatumbo se lucran de un negocio, el narcotráfico, que en los últimos siete años pudo haber movido al menos 5 billones de pesos.
La suma, que suena escandalosa, se aterriza cuando se analiza que la del Catatumbo es la segunda ruta más usada y rentable para los narcos en Colombia, que tienen en Venezuela y su régimen corrupto una plataforma segura de salida del alcaloide hacia Centroamérica, Europa y África.
“Las organizaciones delincuenciales con presencia en el departamento pudieron tener a disposición una producción potencial de aproximadamente 327 y 469 toneladas de clorhidrato de cocaína, durante los años 2022 y 2023, respectivamente, que en caso de ser realmente producidas y comercializadas podrían tener un precio aproximado entre los COP 5 y COP 100 billones, dependiendo del mercado”, indica el reporte que se basa en los últimos monitoreos de narcocultivos.
El mismo informe enfatiza que en el Catatumbo, que cuenta con 43.866 hectáreas sembradas de mata de coca, actualmente solo coexisten el Frente de Guerra Nororiental del Eln al mando de alias Alfredo, con 1.946 hombres en 625 veredas –grupo con una mesa de diálogos suspendida–; y 412 integrantes del frente 33 de las disidencias, al mando de ‘Calarcá’, en 285 veredas –facción que se encuentra negociando la paz con el gobierno Petro–.
Los cultivos ilícitos se erigen, según ese otro reporte, como la principal fuente de financiación de las facciones en disputa, con cobros al gramaje por cultivos ilícitos, y con el mantenimiento de “la seguridad en laboratorios y rutas hacia la costa Atlántica, Antioquia y zona de frontera”. También se identifican al menos 10 trochas en la frontera con Venezuela, desde el municipio de Tibú, por donde se da el paso de narcóticos y otros productos al vecino país.
El precio de la extorsión
El reporte reservado que recibió el ministro Velásquez habla de secuestros a ganaderos, palmicultores, comerciantes y trabajadores del sector petrolero, y de una reducción del 6 % en dicha práctica, contrastando los 45 secuestros que ocurrieron en el Catatumbo el año pasado con los 48 reportados en 2023.
Otro documento secreto que recibió hace pocos días la secretaria general del Ministerio, Alexandra González, les pone precios a los cobros extorsivos con base en información de inteligencia. Se indica que el Eln y las disidencias de las Farc estarían cobrando ‘vacunas’ de 2 millones de pesos a los carrotanques que se roban el combustible del oleoducto Caño Limón Coveñas. Además, exigen entre el 2 % y 3 % a contratistas de la zona por obras.
Cobran “sanciones” de 500.000 pesos a quienes infrinjan las “normas de convivencia”. $ 300.000 a los vehículos de transporte de carga de víveres y otros tipos de mercancías; $ 200.000 a establecimientos de bebidas embriagantes, tiendas y supermercados; $ 50.000 y $ 100.000 pesos por cada volqueta y maquinaria amarilla; $ 50.000 pesos a transportadores informales, almacenes de ropa y electrodomésticos; $ 20.000 mensuales a droguerías, tiendas pequeñas y talleres de mecánica, y tarifas a los propietarios de minas que dependen de la producción.
Contrabando y Venezuela
El informe firmado por el coronel Ramiro Romero Rodríguez enumera al contrabando como otra fuente de finanzas ilícitas para los grupos en disputa, señalando el uso de las mismas trochas dispuestas para el narcotráfico e identificando al menos 16 adicionales dispuestas en los límites con Cúcuta.
Los reportes relacionan las extorsiones a la minería ilegal de carbón como uno de los ingresos de los grupos en tensión. Y se hace énfasis en el oro que ingresa a Colombia ilegalmente desde Venezuela. “Es posible que ingresen de forma ilegal oro y dinero de la explotación del arco minero de la Orinoquía en Venezuela, actividades auspiciadas por los GAO Eln y GAO-r como mecanismo de control territorial”, dice el documento.
Lavado de activos
Los informes en poder de El TIEMPO hablan de una sofisticada operación de lavado de activos en la capital de Norte de Santander que tendría un gran protagonismo. “Es posible que esos dineros producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrolla en ambos lados de la frontera, aunado al alto flujo comercial adelantado en Cúcuta, más la escasez de controles e informalidad, esté propiciando la circulación de esa rentas criminales a través de inversiones en algunos sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta en el financiero, facilitando el lavado de activos y el financiamiento” de grupos criminales, se lee en una comunicación recibida por Velásquez.
“Como posible evidencia de lo anterior está el caso de un banco canadiense que, de acuerdo con la justicia de EE. UU., alcanzó a poner en operación dos cajeros electrónicos en Cúcuta omitiendo señales de alerta por el alto flujo de retiros”. Según el informe, por esa vía se retiraron millones de dólares en más de 600.000 operaciones bancarias.
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