Tortura. Violación a los Derechos Humanos. Ajusticiamientos. Persecución a disidentes. Presos políticos. Son algunos de los hallazgos del informe elaborado por el equipo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Las conclusiones todavía retumban en esta nación caribeña.
La investigación abarca los años 2014 y 2019 y los apartados del texto que más llamaron la atención a activistas y defensores de DDHH son los relacionados con malos tratos, agresiones sexuales y torturas a los detenidos por motivos políticos. La lista es variopinta: militares antiguamente afectos a la revolución bolivariana, ex funcionarios públicos, usuarios de redes sociales, opositores radicales, músicos, deportistas, estudiantes, dirigentes políticos, sindicales y sociales, periodistas y cientos de ciudadanos de a pie.
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En el documento se relata que los casos de tortura que se aplicaron a los presos políticos consistieron en cargas de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, privación de agua y comida, exposición a la luz extrema, entre otras vejaciones.
Y en el caso de ajusticiamientos, el grueso de denuncias de los venezolanos apuntaba hacia el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, fundado en 2017.
“Estuve en la reunión con la Comisionada Bachelet y pudimos constatar que el patrón es sistemático:para el gobierno de Maduro, a la disidencia hay que darle duro y callarla. Dar castigos ejemplarizantes al que se oponga al régimen y que todos lo vean, para que nadie se atreva. Pero nosotros no pararemos hasta que se haga justicia en Venezuela”, dijo Aracelis Sánchez, directora de la Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos (Orfavideh) a Infobae.
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La modalidad de las acciones de los funcionarios de las Faes es la de ejecutar operativos de seguridad en las principales ciudades de Venezuela, con la intención de ubicar y capturar a delincuentes y terroristas, según lo ha anunciado el gobierno.
“Son hombres enmascarados, vestidos de negro quienes llegan al barrio (favelas) en camionetas sin placas. Irrumpen en las calles y casas, roban, hieren, torturan y agreden al que encuentran“, revela Sánchez cuyo hijo, Darwinson Sequera, fue asesinado por funcionarios de la policía judicial venezolana, en 2013. Desde entonces acompaña a familiares de ajusticiados por organismos de seguridad en la búsqueda de justicia.
“¡Que viva el Faes!”
Según el monitor de víctimas de Venezuela, entre junio de 2018 y junio de 2019, solo en Caracas se han producido 1.119 homicidios. Al menos 391 han sido responsabilidad del Faes, el 35% de todos los asesinatos.
El informe de Bachelet recomendó al gobierno de Maduro la disolución del Faes, organismo responsable de 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018. Y la cifra de 2019 está por cuantificarse y según activistas de los DDHH, ésta aumentará significativamente. En un acto público, el miércoles, Nicolás Maduro expresó su apoyo, “físico y logístico”, según dijo, para el Faes “¡Todo el apoyo para el Faes en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Que viva el Faes!”, exclamó.
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“El patrón de represión continuará”, añade Sánchez.
Atacan a los más pobres
A Carmen Arrollo le indigna que desde el alto gobierno se ratifique el apoyo al Faes. Su hijo, Christian Charry, de 25 años, fue ajusticiado por funcionarios de ese organismo el 24 de septiembre de 2018, en un operativo en Petare, sector popular al este de Caracas.
“Su delito fue ser pobre y estar en la calle cuando llegó el Faes. Me contaron testigos de su detención y asesinato que le dieron una golpiza antes de dispararle. Son unos criminales con uniforme”, cuenta a Infobae.
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Dice que el cuerpo de su hijo presentaba golpes en la cabeza y escoriaciones en las cejas y los labios. “El estaba en una fiesta y se iba a la casa de su suegra a seguir festejando. Lo torturaron y mataron sin motivo los tipos del Faes. Estoy integrada a un grupo de defensa de derechos humanos buscando justicia”.
El asesinato de Raul Hernández Peña, muerto en el asentamiento campesino de Guardatinajas, ubicado en el estado Guárico (centro), también es atribuido al Faes. El pasado jueves 4 de julio el joven de 25 años desapareció. Su cuerpo fue encontrado dos días después en una zona boscosa, muerto con un balazo en el pecho.
Su mamá, Carmen Zobeida Peña contó a Infobae vía telefónica que la versión oficial es que Raúl murió en un enfrentamiento con el Faes. “Eso es falso pues mi hijo no tenía ni sabía como manejar un arma de fuego. El vendía frutas en el pueblo porque estaba reuniendo dinero para irse legalmente de Venezuela hacia el sur. Quería sacar su pasaporte y andar primero hacia Colombia. Él me decía que el sur no tenía límites…”.
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Señala que “cuando el Faes llega, todos temen. Solo van a donde están los más pobres a perseguir y a matar, son unos exterminadores“.
Solo van a donde están los más pobres a perseguir y a matar, son unos exterminadores
Algunas personas le han recomendado a Carmen Zobeida no hacer denuncias públicas “porque no le devolverán la vida a mi hijo y porque me puedo meter en problemas. Yo seguiré luchando porque se haga justicia. Su muerte es muy reciente, no tiene un mes, pero yo no me quedaré de brazos cruzados. No soy política sino una madre venezolana que perdió algo muy grande, un hijo”.
45 días de suplicio
A la clarinetista Karen Palacios, de 25 años, la detuvieron el 1° de junio de 2019. ¿Su delito? Expresar en su cuenta de twitter @KrenClarinet su molestia al ser descartada de formar parte de la Filarmónica Venezuela, por su postura política contra el régimen de Maduro.
Imputada por instigación al odio, la joven diagnosticada con Asperger en el año 2014, estuvo presa 45 días entre los calabozos de la dirección de contrainteligencia militar (Dgcim) y la cárcel de mujeres de Los Teques a una hora de Caracas.
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Su mamá Judith Pérez decidió denunciar el caso luego de que se cansara de esperar la liberación de Karen. Con la boleta de excarcelación en la mano, de fecha 18 de junio, la mujer exigió que se cumpliera con la formalidad legal.
Además denunció que su hija fue torturada psicológicamente en prisión. “Le dijeron que la iban a matar”, dijo a la prensa local y solo pudo verla dos de los 45 días de la detención.
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En la sede militar, estuvo presa en una habitación muy pequeña, que compartía con 10 mujeres. “Mi hija estuvo muy deprimida. Sufrió de ataques de asma y perdió mucho peso en esos 45 días”.
Luego de una enorme presión mediática y en redes, Karen Palacios fue liberada hace tres días. Tiene que presentarse cada 30 días en un tribunal y no puede usar redes sociales ni salir de Venezuela.
