La Corte Suprema autorizó el miércoles la aplicación a nivel nacional de una nueva norma del gobierno del presidente Donald Trump que impide que la mayoría de los migrantes centroamericanos soliciten asilo en Estados Unidos.
La orden de los magistrados anula temporalmente un fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado la nueva política de asilo en algunos estados fronterizos con México. La política está dirigida a negar el asilo a cualquier persona que pase por otro país durante su viaje hacia Estados Unidos sin solicitar protección allí.
Gran parte de las personas que cruzan la frontera sur son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza. De acuerdo con la nueva regla, la mayoría de ellos no podrán solicitar asilo en Estados Unidos, al igual que los solicitantes de África, Asia y Sudamérica, quienes a menudo llegan desde México.
El cambio revierte décadas de política estadounidense. El gobierno ha dicho que quiere reducir la brecha existente entre las revisiones iniciales de asilo, en las que la mayoría de la gente es aprobada, y los fallos definitivos sobre los casos, en los que la mayoría de las personas son rechazadas.
Las magistradas Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con la orden del máximo tribunal.
“Una vez más, el poder ejecutivo ha emitido una norma que busca anular las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan resguardarse de la persecución”, escribió Sotomayor.
La impugnación legal a la nueva política tiene una historia breve pero algo complicada. El juez federal de distrito Jon Tigar de San Francisco impidió que ésta entrase en vigencia a fines de julio. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito limitó la orden de Tigar para que sólo fuese aplicable en los estados de Arizona y California, los cuales están dentro de dicho circuito.
Ello permitió que el gobierno tuviera libertad para aplicar la política a los solicitantes de asilo que llegaron a Nuevo México y Texas. Tigar emitió una nueva orden el lunes que volvió a imponer un control a nivel nacional sobre la política de asilo. Al siguiente día, el tribunal de apelaciones limitó nuevamente la orden.
La acción del máximo tribunal permite que el gobierno imponga la nueva política en todas partes mientras continúa el caso en contra de las restricciones.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a grupos defensores de inmigrantes en el caso, dijo: “Este es un paso temporal y tenemos la esperanza de que prevalezcamos a la larga. Las vidas de miles de familias están en juego”.
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