El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 783 protestas en agosto de 2019 en todo el país. En comparación con el mismo periodo del año pasado, las protestas se redujeron 11% en 12 meses.
Con un promedio de 26 protestas diarias, 66% de estos ciudadanos que salieron a las calles reclamaron derechos civiles y políticos. El otro 34% exigió mejoras laborales, acceso a servicios públicos de calidad, salud, alimentos y educación.
En agosto de 2018, los estados con mayor número de protestas fueron los andinos. Sin embargo, en 2019 las entidades orientales contaron con el mayor número de manifestaciones.
Anzoátegui fue el estado con mayor índice de protestas el mes pasado. Le sigue Distrito Capital, Monagas, Bolívar y Miranda.
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De las 783 protestas documentadas en agosto, 183 fueron combinadas. Es decir, los venezolanos exigieron en una misma protesta varios derechos.
Del total de las protestas, 445 estuvieron ligadas al ámbito político: 239 respondieron a convocatorias del régimen de Nicolás Maduro en rechazo a las medidas económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Mientras que las otras 206 manifestaciones se hicieron en apoyo a las acciones ejercidas por el presidente interino de la República, Juan Guaidó.
En cuanto a las protestas por servicios públicos, 59 se realizaron para pedir la correcta distribución del gas doméstico. Otras 46 exigían agua potable y 29 en reclamo a las fallas eléctricas.
Los reclamos laborales se ubicaron en el tercer lugar del índice de conflictividad. Se reportaron un total de 124 protestas para solicitar mejoras salariales.
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El OVCS registró que debido a la ausencia de justicia y Estado de Derecho, en el país se registraron 13 intentos de linchamiento. En dos casos fueron asesinados ciudadanos, en los estados Cojedes y Miranda.
Exigencias del OVCS
El informe del OVCS destacó que es necesario atender las demandas de la población y frenar la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
La organización también pide el cese inmediato de la participación de colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.
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Por último, el documento solicita realizar las investigaciones pertinentes, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
Con información de El Nacional
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