El presidente de la Subcomisión de Salud de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) Juan Carlos Velasco, anunció este miércoles que habilitarán una oficina en la sede de los movimientos sindicales y gremiales de cada estado del país, a objeto de que reciban todas las denuncias de las personas perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, al igual que aquellos trabajadores que han sido despedidos por mostrar su desacuerdo con las políticas de este régimen.
Explicó que este procedimiento se realizará a fin de tener una data para realizar el acto administrativo una vez cese la usurpación, reseñó la Asambleas Nacional.
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Así lo informó el parlamentario, luego de reunirse con representantes de la oficina de atención ciudadana de la presidencia de la AN, con los sectores sindicales y gremiales de la federación médica, nutricionistas, colegio de enfermería, entre otros, en cuyo encuentro intercambiaron ideas y conocimientos sobre los mecanismos a implementar para emprender las acciones legales correspondientes en aras de la defensa de las personas que han sido perseguidas y vejadas por ser opositores al régimen de Maduro. ”En cada uno de los gremios y sindicatos se colocará una oficina para que los afectados se registren y luego poder realizar el acto administrativo”.
Recordó que la AN aprobó el estatuto que rige la transición de la democracia, en el cual se garantiza los derechos humanos, civiles, políticos y sociales del pueblo. Asimismo, dijo, le dio el visto bueno a la ley de garantía de los derechos laborales de empleados y trabajadores del sector público y social, cuyo texto legal está sustentado en los convenios internacionales de los derechos humanos y laborales.
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Agregó que el régimen ha implantado como costumbre el acosar y perseguir a empleados, trabajadores, representantes gremiales, sindicatos y los hostiga para que asistan a actos de proselitismo político. “También persigue a los que realizan actividades de protesta en demanda de reivindicaciones sociales y económicas”.
La idea, recalcó, es tener los insumos para dictar una acción administrativa que garantice a los afectados sus derechos cuando cese la usurpación.
El diputado Rafael Veloz, dijo que se organiza el referido registro para que se haga justicia con los trabajadores públicos a nivel nacional o estadal que han sido perseguidos, destituidos, no le pagan sus sueldos, les abren procedimientos administrativos. “Todo esto se hará cuando cese la usurpación que sabemos que está cerca porque Maduro está solo”.
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