La continuación de la política irresponsable de endeudamiento, promovida por el régimen de Hugo Chávez, por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, puso en riesgo los activos de todos los venezolanos. A pesar de las advertencias y cuestionamientos hechos desde la Asamblea Nacional, único poder legítimo en Venezuela, el régimen de Maduro decidió en 2016 sobre-endeudar a Venezuela por más de 3 mil 300 millones de dólares al canjear bonos con vencimiento en 2016 por bonos con vencimiento en 2020, y colocando a CITGO como garantía de este préstamo, arriesgando este activo estratégico del pueblo venezolano.
Las condiciones y el colateral (CITGO) con los que se pactó esta transacción entre el régimen de Maduro y los compradores del Bono 2020 fueron ilegales y fraudulentas ya que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, tal y como lo establece la Constitución.
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Además se utilizó al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, manejado por Maduro, para paralizar las investigaciones iniciadas desde la Asamblea Nacional sobre el riesgo que suponían los Bonos 2020 para el Patrimonio Nacional, con la colocación de CITGO como garantía de pago.
Los bonos 2020, son los bonos de Maduro y se convierten en la última operación de deuda externa hecha por el régimen, una vez que comenzó el golpe de estado continuado en contra de la Asamblea Nacional. En este sentido, Nicolás Maduro es el único responsable de poner en riesgo importantes activos de los venezolanos y al Gobierno Legítimo le ha tocado la ardua tarea de dar un paso adelante en la lucha por defender los activos de la nación y garantizar que permanezcan en las manos del pueblo.
La primera acción para salvaguardar CITGO y los activos del pueblo venezolano vino con el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela, hecho que permitió que la filial petrolera fuera excluida de las sanciones y pudiera retomar sus operaciones normales como una empresa autónoma e independiente al régimen de Maduro. De no haber ocurrido este reconocimiento, CITGO hoy estaría perdida.
Igualmente se han tomado otras acciones concretas para asegurar que Citgo siga siendo propiedad de su legítimo accionista, el pueblo venezolano. En febrero de 2019 se nombró la junta directiva ad hoc de PDVSA, que a su vez designó la junta directiva de PDV Holding Inc, empresa matriz de CITGO. Estos nombramientos no solo han tenido la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela, sino que han sido ratificados por diversas Cortes de los Estados Unidos.
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De igual manera, luego de consultar a asesores y revisar estrategias jurídicas y financieras, se cancelaron en abril de este año, bajo el mecanismo “pago bajo protesta”, 71 millones de dólares en intereses de los bonos 2020; evitando así perder CITGO en ese momento, pero sin reconocer la legalidad de la deuda que no contó con el aval de la Asamblea Nacional. Con el pago bajo protesta el Gobierno Legítimo se reservó los derechos que ahora va a ejercer sobre la no validez del bono y le permitió tener el tiempo necesario para preparar el caso legal.
Por su parte, la Asamblea Nacional y la oficina del Procurador General de la República, han adelantado una investigación tendiente a comprobar la legalidad de los bonos 2020 que ha arrojado que todos los contratos de interés público nacional deben tener la aprobación de la Asamblea Nacional, algo que no tienen los bonos 2020.
Asimismo, el Gobierno Legítimo ha insistido en la consecución de una solución ordenada y negociada con los tenedores del Bono, que tome en cuenta las objeciones de la Asamblea Nacional y la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país.
Vale la pena resaltar que quienes compraron esos bonos, los bonos de Maduro, lo hicieron sabiendo perfectamente que asumían un gran riesgo, pues las condiciones de esa transacción fueron fraudulentas e ilegales.
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Otra acción concreta que ha tomado el Gobierno Legítimo para proteger a Citgo ha sido la solicitud formal que ha hecho desde marzo de este año al gobierno de Estados Unidos, de revocar la Licencia General 5 (GL5) del Departamento del Tesoro de EEUU, revocatoria que impediría el cobro de CITGO como garantía de la deuda de los bonos 2020
De igual forma, el Gobierno Legítimo tiene un equipo, encabezado por el Procurador General de la República, José Ignacio Hernández, trabajando en un abanico de opciones legales para salvaguardar los intereses del pueblo, hoy en peligro por la negligencia e irresponsabilidad del usurpador Maduro.
Y es que mientras 50.1% de las acciones de CITGO se encuentran en riesgo con la deuda de los bonos 2020, el restante – 49.9%- también fue dado en garantía, en este caso de un préstamo de mil 500 millones que obtuvo Maduro de la petrolera rusa Rosneft en 2016.
Aunque el único responsable de arriesgar este bien estratégico de la República es Nicolás Maduro; el Gobierno Legítimo y la Asamblea Nacional ratifican que han hecho y seguirán haciendo todos los esfuerzos y tomado todas las medidas necesarias para proteger a la filial petrolera venezolana.
A continuación, una cronología de las medidas irresponsables de endeudamiento por parte del régimen de Maduro y todas las acciones que la Asamblea Nacional tomó para evitarlas:
– Desde 2006 el régimen de Hugo Chávez promovió el endeudamiento irresponsable de PDVSA, incrementando la deuda externa venezolana de menos de 5 mil millones de dólares en 2006 a más de 40 mil millones para 2012. Al mismo tiempo, la producción de PDVSA estaba colapsando y se reducía significativamente la producción de barriles diarios.
– A pesar de que el 4 de agosto de 2016 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo con el cual cuestionó el sobre-endeudamiento de PDVSA, y exigió a la empresa diseñar e implementar un plan integral de renegociación de su deuda pública, PDVSA insistió en su endeudamiento irresponsable al anunciar el canje de Bonos 2017 por el Bono 2020.
– Nuevamente la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades de control, aprobó un acuerdo, el 27 de agosto de 2016, en el cual rechazó la oferta de canje y emisión del Bono 2020 e insistió en que el endeudamiento irresponsable de PDVSA exigía el refinanciamiento integral de su deuda externa. Asimismo, cuestionó la politización de la empresa que había llevado al colapso de su producción.
Por ello, la Asamblea decidió iniciar una investigación, al presumir que la operación podía lesionar el patrimonio público. Además, rechazó categóricamente el colateral sobre las acciones de CITGO.
– Haciendo caso omiso de esto, el 16 de septiembre de 2016, Pdvsa anunció su oferta de canjear bonos con vencimiento en 2017 por más de 3.300 millones de dólares, emitiendo un nuevo bono con vencimiento en 2020 garantizado con el 50,1% de acciones de CITGO Holding, Inc. PDVSA justificó esa operación en las dificultades que presentaba para seguir pagando su deuda financiera.
Sin embargo, la realidad es que el canje no solucionaba los problemas del sobre-endeudamiento y además, colocaba en riesgo a CITGO.
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– El 26 de septiembre PDVSA cambió las condiciones del canje, para ofrecer una prima adicional a los tenedores del Bono 2017 que decidiesen participar en el canje. Esta decisión demostraba que el mercado no confiaba en la operación lo cual incrementó el riesgo legal de la misma.
– Y en efecto, cuando el 24 de octubre de 2016 PDVSA anunció los resultados del canje, que apenas cubrieron el 40% del Bono 2017, quedó demostrado que la Asamblea Nacional tenía razón en su alerta. El mercado no respondió favorablemente a la oferta, pues estaba consciente de los riesgos financieros y legales de la operación.
– La Sala Constitucional, manejada por el régimen de Maduro, publicó un día después de los resultados del canje su sentencia n° 893, mediante la cual impidió a la Asamblea Nacional ejercer su función de contraloría sobre PDVSA, formando parte así del golpe de Estado continuado en contra de la Asamblea.
Con esta decisión, el régimen de Maduro pudo continuar la operación y el 28 de octubre firmó el contrato de emisión del Bono 2020 colocando como garantía el 50,1% de las acciones de CITGO Holding, Inc.
Tal y como advirtió la Asamblea Nacional en su Acuerdo del 27 de septiembre, el Bono 2020 es parte del endeudamiento irresponsable de PDVSA y su emisión no solucionó ninguno de los problemas estructurales que tenía PDVSA sino que por el contrario, aumentó su endeudamiento.
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Además, PDVSA dispuso de un activo estratégico y de interés público nacional, como es CITGO; a pesar de que analistas y el mercado evaluaron como altamente probable el incumplimiento de la deuda venezolana.
– En 2017 el régimen de Maduro comprobó ese riesgo: entró en default de la deuda, pero siguió adelante con el pago del Bono 2020.
Con información de Presidenciave.com
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