El pasado domingo 15 de diciembre el Sub Comisario Marco Javier Hurtado, uno de los 9 funcionarios de la Policía Metropolitana que fue condenado, siendo inocente, por los hechos del 11 de abril de 2002, cumplió la pena de 16 años y 8 meses de presidio que le impuso el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua.
Ese mismo día debió haber quedado en libertad plena, pero hasta los momentos la actual juez de la causa, Ada Marina Armas, no ha emitido la respectiva boleta de excarcelación, hecho que constituye el delito de privación ilegítima y prolongada de libertad.
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La esposa de Hurtado, María Paz Castillo, denunció esta nueva irregularidad en la Fiscalía 32 Nacional en materia de ejecución, pero allí le respondieron que se trataba de un caso que debía ser ventilado en la Dirección de Derechos Fundamentales.
Hurtado se encuentra en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, desde hace 16 años y 8 meses y ahora que le corresponde, por ley, su libertad no se la conceden.
El pasado domingo sus familiares más cercanos se acercaron a las puertas del penal a esperar que se concretara la libertad, pero la medida no se cumplió a pesar de que ya no existen razones legales para mantener a Hurtado privado de su libertad.
Caso emblemático de injusticia
El 11 de abril de 2002 los sectores opositores al gobierno de Hugo Chávez convocaron una marcha desde la sede de PDVSA Chuao hasta el centro de la ciudad. El propósito era pedir públicamente la renuncia de Hugo Chávez.
Al llegar al centro de Caracas, específicamente a la avenida Baralt y los alrededores del Palacio Federal Legislativo, la multitud intentó acercarse al Palacio de Miraflores, pero la cantidad de disparos que salían de todas partes se lo impidieron.
Diecinueve (19) personas cayeron mortalmente heridas. Los funcionarios de la Policía Metropolitana, comandados por los Comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis trataron, sin éxito, de contener a la multitud.
Marco Javier Hurtado se encontraba en la Comisaría No 5 de la zona de El Calvario. Durante el proceso judicial se comprobó que estuvo en ese lugar mientras las personas eran asesinadas y que además nunca accionó su arma de reglamento.
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Sin prueba alguna lo responsabilizaron de las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano. El primero murió en Puente Llaguno y el segundo, cerca del portón de la Cancillería, ubicada en la avenida Urdaneta. Es obvio que las pruebas balísticas resultaron negativas.
Los funcionarios policiales Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas también fueron condenados a penas de presidio por estos hechos a pesar de que el Tribunal Cuarto de Ejecución del estado Aragua, a cargo para entonces de la juez Marjorie Calderón, no encontró pruebas para incriminarlos.
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