Más de una treintena de hombres y de mujeres aseguran haber sufrido abusos físicos, sexuales y emocionales cuando eran niños en un centro de detención de menores en el estado de Nueva Hampshire (EE.UU.) a lo largo de un periodo que abarca tres décadas, según los abogados que han presentado en su nombre la demanda colectiva, informa AP.
La denuncia fue presentada este sábado ante el Tribunal Superior del Condado de Merrimack, seis meses después de que dos exasesores fueran acusados de violar de forma reiterada a finales de la década de los 90 a un adolescente en el Centro de Desarrollo Juvenil en Manchester, Nueva Hampshire, donde se alojan menores cuya detención ha sido ordenada en el sistema de justicia juvenil.
David Meehan actúa como principal demandante junto a otras 35 personas que dijeron haber sufrido abusos en este centro entre 1982 y 2014. La demanda alega que, probablemente, cientos de menores fueron agredidos, remitiéndose a los registros de internos del centro a lo largo de los años y al tiempo que estuvieron empleados allí los supuestos agresores.
Las víctimas tenían entre 11 y 17 años en el momento de sufrir los abusos y los agresores eran tanto hombres como mujeres, dijo a la agencia el abogado Rus Rilee.
De los 36 afectados, alrededor de 30 han denunciado abusos sexuales, físicos y emocionales, así como privación de educación y retención en aislamiento, indicó Rilee. El resto de los demandantes cumple una o más de esas categorías.
Según la demanda, los empleados aterrorizaban a los niños para mantenerlos callados e incluso a los que buscaron ayuda cuando tenían ojos amoratados, el rostro hinchado o los genitales con heridas sangrantes se les decía que los abusos no habían ocurrido.
Los demandantes enumeran una docena de acusados, incluido el Estado, el centro de detención y las agencias que lo supervisan. También mencionan a los dos exasesores que afrontan cargos penales —Jeffrey Buskey y Stephen Murphy— y a otros cuatro hombres que trabajaron en el centro.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos no ha querido hacer comentarios sobre casos pendientes y ha derivado las preguntas a la oficina del secretario de Justicia, que en julio anunció una amplia investigación penal sobre el centro.
AP
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