Stella Lugo es amiga personal de Nicolás Maduro, está acusada de facilitar operaciones de lavado de narcotraficantes caribeños, tiene prohibida la entrada al país por un decreto vigente y asegura que es la embajadora de Venezuela en la Argentina.
Alberto Fernández rechazó su designación y a través del canciller Felipe Solá ya exigió que Lugo haga las valijas y regrese a Caracas. Pero Maduro resiste el pedido diplomático del gobierno argentino y su actitud política está causando una tensión bilateral que se agravó en los últimos días. Es que mientras pasan los días, Lugo se mueve sin contratiempos por el país. Es más, asiste cotidianamente a la sede de la Embajada en Buenos Aires y ostenta un cargo que no tiene o que al menos no está sustentado en los papeles.
El presidente argentino trata de bascular entre las exigencias de sus aliados kirchneristas y la presión de la Casa Blanca que pretende una salida sui gereris de Maduro para iniciar una transición democrática en Venezuela. Alberto Fernández dialogó al respecto con Mauricio Claver y Eliott Abrams -dos funcionarios de confianza de Donald Trump- y mantuvo al menos tres conversaciones telefónicas con el líder populista que está aliado con Irán, China y Cuba.
A los consejeros americanos Claver y Abrams, Alberto Fernández les explicó que no comparte la estrategia del Grupo de Lima, que es necesario que Maduro forme parte de la mesa de negociaciones y que no tenía interés político de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y a pedido de Trump -vía Abrams- logró que Maduro cambie las condiciones de detención de seis ejecutivos de la empresa Citgo que estaban en un campo de concentración del régimen.
Cuando habló por teléfono con Maduro, Alberto Fernández fue directo y sin eufemismos. Podía colaborar en la transición venezolana, pero necesitaba de la cautela y cordura política del sucesor de Hugo Chávez. El presidente está flanqueado por Cristina Fernández de Kirchner, que en política regional está más cerca de la Habana que de las decisiones que se toman en el primer piso de Balcarce 50.
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El presidente cumplió con su palabra respecto a lo acordado con la administración Trump y el régimen populista de Maduro. Buscaría una estrategia regional para salir del laberinto y fijaría posiciones públicas que no podrían ser interpretadas como una toma de posición frente a la pulseada geopolítica que libran Washington y Caracas.
La Casa Blanca está molesta por la extensión del status de refugio político que la Casa Rosada concede a Evo Morales, pero tiene poco que decir respecto a la posición de Alberto Fernández ante el intento de golpe parlamentario que pretendió ejecutar Maduro. Ese día, cinco de enero, el presidente argentino firmó un comunicado oficial que repudiaba la asonada populista y que causó una conmoción política en la coalición que lidera junto a Cristina Fernández de Kirchner.
“Traidor”, le enrostraron al canciller Felipe Solá, que trabajó en el texto diplomático que avaló el presidente. Y en Caracas, se gastaron los celulares llamando a Buenos Aires y Cuba intentando saber por qué Alberto había tomado esa posición y hasta qué nivel de amplitud política llegaría ese movimiento inesperado de la Casa Rosada.
La respuesta a esas inquietudes cayó como un rayo. El gobierno canceló la representación diplomática que ejercía Elisa Trotta en nombra de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Guaidó ya había sido anticipado de la decisión de Alberto Fernández, y ahora aguarda que llegue la comunicación telefónica desde Balcarce 50.
Es que Guaidó hace el siguiente cálculo político: si el presidente argentino busca una salida a la crisis venezolana, por qué no hablaría con él que representa a la oposición, fue elegido con absoluta transparencia como titular de la Asamblea Legislativa y es apoyado por más de sesenta países alrededor del mundo.
Mientras cavila acerca del interrogante que plantea Guaidó, Alberto Fernández debe salir de la compleja encrucijada política que enfrenta con Maduro y su enviada Stella Lugo. El presidente no solo está preocupado por los antecedentes penales e institucionales de Lugo, sino también por su precaria situación legal.
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La presunta embajadora tiene prohibida la entrada al país -por un decreto firmado por Mauricio Macri y redactado a solicitud de la comunidad internacional-, se mueve con absoluta impunidad y se presenta ante los exiliados venezolanos como su representante diplomático.
Stella Lugo ya sabe que el gobierno argentino jamás le aceptará las cartas credenciales y que ya exigió su salida del país. Pero se niega a empacar y volver a Caracas. Habló con Maduro y le dijo que se quede, que lo iba a convencer a Alberto Fernández. Una falacia diplomática: el presidente ya decidió, y como no quiere un enfrentamiento público con el líder populista, se muerde la lengua. No será por mucho tiempo.
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