Con el retorno de los militares a las calles de algunas ciudades se busca evitar el resurgimiento de la convulsión social, después de casi dos meses de calma resultantes de acuerdos de pacificación en Bolivia. Simultáneamente a la comunicación de la resolución del Tribunal Constitucional y de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la norma que amplía el mandato de la presidenta transitoria y de los congresistas, el Gobierno dispuso operaciones conjuntas de las FFAA y de la Policía, ante las amenazas del ala dura del MAS de movilizaciones desde el 22 de enero.
Contingentes militares y policiales se han desplazado desde el jueves en el centro de la sede de Gobierno, en la ciudad de El Alto y, sobre todo, en la zona de Chapare, considerado el bastión de Evo Morales y la base de operaciones de los sindicatos cocaleros, que anunciaron movilizaciones contra la prórroga del mandato de Jeanine Añez y de los legisladores, que concluye el próximo miércoles. Mientras el ministro de Defensa, Fernando López, anunciaba que el patrullaje conjunto se hará hasta el 24 de enero y que las FFAA no deben pedir permiso para entrar a la zona de producción cocalera, la primera respuesta violenta a la incursión militar se produjo la noche del jueves en un módulo policial de la población de Chimoré, ubicada en Chapare, donde un canal de televisión mostró destrozos. El ataque, que hizo que no queden policías en el lugar, ha sido repudiado por las autoridades que anunciaron investigaciones y detenciones.
La tensión en Chapare se reactivó por la incursión militar del jueves, que fue rechazada por el dirigente cocalero Leonardo Loza. Este la considera una señal de persecución política del gobierno de Jeanine Añez a los seguidores de Evo Morales, que habían anunciado hace dos semanas el final de la “resistencia pacífica” y el comienzo de movilizaciones si la Presidenta no termina su mandato el 22 de enero. Algunos videos difundidos en las redes sociales mostraban supuestas barricadas levantadas para dificultar la movilización de las FFAA en la zona. Sin embargo, el propio Loza aclaró ante los medios que no existen las barricadas y deseó que los militares cumplan su rol constitucional.
Ante la suceptibilidad de los cocaleros por el ingreso del contingente militar, las autoridades de Defensa explicaron que se lo hace para entrenamientos de salto. El ministro del que dependen las FFAA también adelantó que el 20 de enero comenzarán las tareas de erradicación de la coca excedentaria o ilegal que se cultiva en Chapare y cuyo destino es el narcotráfico.
Las federaciones cocaleras son las que han encabezado las advertencias de nuevas movilizaciones desde este 22 de enero en ciudades como Cochabamba y otras del país, con miras a definir nuevas medidas contra la ampliación del mandato de la presidenta transitoria.El propio precandidato presidencial del MAS y dirigente de este sector, Andrónico Rodríguez, anunció hace unos 15 días el final de la “resistencia pacífica”, lo que hizo que surja la idea de una demanda contra él por sedición. Otras organizaciones campesinas afines a Evo Morales también siguen la línea trazada desde Buenos Aires por el expresidente, que reclama ser reconocido como primer mandatario hasta el 22 de enero y que se reemplace a Jeanine Añez desde esa fecha por la presidenta del Poder Judicial hasta la realización de las elecciones presidenciales, convocadas para el 3 de mayo.
Ese factor de incertidumbre sobre la continuidad de la transición en Bolivia, disparado por el ala dura del MAS, contrasta con la decisión de la llamada ala moderada del partido de Evo Morales, que mediante el liderazgo de la presidenta del Senado, Eva Copa, ha viabilizado la ley de ampliación del mandato de Jeanine Añez, de los legisladores y de las autoridades subregionales. La norma fue aprobada en el Senado mediante dos tercios de votos y a una gran velocidad, lo que garantiza constitucionalmente que la presidenta Añez siga en el poder hasta que los bolivianos elijan al nuevo gobernante el próximo 3 de mayo o en una segunda vuelta, prevista para junio. Si hay balotaje, como se espera, de acuerdo a las primeras encuestas, el gobierno de Añez duraría hasta la última semana de julio, aunque algunas posiciones plantean que el traspaso ocurra el 6 de agosto, cuando se festeja el día de la independencia de Bolivia.
Tensión y reacciones por los militares
En medio de las advertencias de los dirigentes de sectores afines a Evo Morales también se han dado iniciativas de organizaciones ciudadanas contrarias a él que anuncian la continuidad de su lucha por la democracia, de manera de evitar cualquier acción que implique la interrupción de la sucesión y transición constitucional. La tarde del viernes se realizó en La Paz una especie de cabildo que convocó a más de una veintena de organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Confederación de Trabajadores Campesinos, el Consejo Nacional de Ayllus y la Asociación de Productores de Coca.
Dirigentes como Elsner Larrazábal y Beto Astorga, de los cívicos de Achacachi y de la plataforma Otra Izquierda es Posible, dijeron a los medios que la defensa de la democracia es el objetivo común que los reúne en el llamado Acuerdo de Unidad de Bolivia. Aseguran que después de haber recuperado la democracia el 10 de noviembre, cuando renunció Evo Morales, ahora hay que defenderla y garantizar elecciones transparentes. Una de las iniciativas consideradas es realizar el 22 de enero una marcha pacífica.
En Buenos Aires los seguidores de Evo Morales preparan un acto en un estadio, en el que el ex presidente prevé emitir un informe del final de su mandato, que sería retransmitido por pantallas gigantes en Bolivia. El dirigente cocalero Leonardo Loza adelantó que el 22 de enero habrá concentraciones multitudinarias en tres regiones y se celebrará el Día del Estado Plurinacional. Por su lado, la presidenta Jeanine Añez ha previsto también para esa fecha ofrecer un mensaje a los bolivianos.
En medio de esos anuncios que han hecho resurgir las tensiones, el Ministro de Defensa, Fernando López, dijo que las operaciones conjuntas de militares y policías, que empezaron el jueves, apuntan a garantizar estos días la tranquilidad del país. En respuesta, el jefe de la bancada de asambleístas del MAS, Efraín Chambi, rechazó la militarización de las ciudades de Bolivia porque se la hace en un “momento sensible”.
Para el periodista Andrés Gómez, es improbable que ocurran las amenazas de algunos sectores allegados a Evo Morales de desestabilización del gobierno de Jeanine Añez. En su criterio, los anuncios de movilizaciones solo refuerzan el voto duro del MAS pero le afectan con los otros electores.
Con información de Infobae
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