“En el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure, los guerrilleros son la Policía”, así resume Human Rights Watch la situación de seguridad en esta zona fronteriza de Colombia y Venezuela. En medio de asesinatos y torturas por parte de los grupos armados, reclutamiento de menores y secuestros, el informe revela, además, un crimen que suele ser invisible: el trabajo forzado.
La ONG entrevistó a más de 100 personas y llegó a la conclusión de que los «grupos armados no estatales» controlan «de forma violenta la vida cotidiana de la población» en esa zona. «Imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera», asegura el informe.
«Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados”, agrega el documento de la organización, quienes se trasladaron en 2019 hasta la frontera de Colombia y Venezuela para recopilar la información.
En Arauca, donde no llegó la paz después de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno colombiano, operan al menos dos grupos armados. De un lado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha tenido una presencia continua desde hace medio siglo; y del otro, un grupo de disidencias de la guerrilla de las Farc, que tomó fuerza después de 2016. Ambos se encuentran también en el Estado de Apure, en Venezuela, según HRW.
De ese lado de la frontera operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln). “Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”, denuncia la organización, presidida en América Latina por José Miguel Vivanco.
Con información de El País
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