El especialista en Derecho Internacional y presidente editor de Analítica, Emilio Figueredo, opina que aunque puede parecer lo mismo, la decisión de Estados Unidos comprende “dos acciones jurídicas separadas y con distinto alcance desde el punto de vista del derecho internacional”.
En ese sentido, detalla:
“Lo que debemos entender es que hay dos procedimientos en Estados Unidos que, si bien no son concomitantes, son separados: uno es el de personas involucradas en el tráfico de estupefacientes, y que, con base en el documento oficial del Departamento de Estado, ponen precio a la cabeza de Maduro, El Aissami, Cabello y Carvajal y (el otro) las otras personas indiciadas por el fiscal general de EEUU, lo que sería una declaratoria de Venezuela como propiciador del terrorismo internacional”.
El exembajador apunta que entre las medidas que se pueden tomar luego de las acusaciones conocidas este jueves, está la intervención de Estados Unidos contra cualquier nave o aeronave que vaya hacia o desde Venezuela siempre que se tenga sospecha de que lleva recursos para apoyar al terrorismo.
Sin embargo, no hay “amenaza” de intervención de fuerzas estadounidenses dentro del territorio terrestre venezolano, pues esta intervención puede hacerse «siempre que sea en espacios internacionales, es decir, fuera de la jurisdicción de un determinado país», afirmó Figueredo.
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Este escenario puede ser más allá de las 12 millas (a partir de la costa venezolana) por las que se extiende el mar territorial.
Venezuela es la primera nación de América Latina en el grupo acusado de apoyar «actos de terrorismo internacional», conformado por cuatro países: Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán.
Esta medida implica de manera directa más sanciones y más profundas para el país. De hecho, la designación de Venezuela en esta lista permite prohibir toda venta de armas y de cualquier material relacionado, prohibir asistencia económica e imponer restricciones financieras.
Por otro lado, es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que se presentan cargos contra un jefe de Estado, luego de que, en 1989, fiscales de Miami acusaran de narcotráfico al panameño Manuel Antonio Noriega, quien fue detenido durante la invasión estadounidense, enjuiciado y encarcelado en Florida.
Con información de Analítica
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