En México hay unas 200,936 personas que se encuentran recluidas en las diferentes cárceles del país. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al menos el 63% de esos centros tiene condiciones materiales, de equipamiento e higiene bastante deficientes.
Además, en el 32.79% de las cárceles hay deficiencia en los servicios de salud, y un porcentaje similar presenta condiciones de sobrepoblación y hacinamiento.
Todos estos factores representan más vulnerabilidad frente al Covid-19, e implican dificultades para respetar el aislamiento social; medida fundamental para frenar el número de contagios.
Por estos motivos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como urgente la necesidad de tomar acciones en los centros penitenciarios del país, y pidió que haya disponibilidad de personal de salud al interior de las cárceles, agua suficiente para beber y para bañarse, y que al menos una vez a la semana se entreguen a los reclusos artículos de limpieza y desinfección.
En un documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se enumeraron las medidas sanitarias concretas para prevenir y contener la presencia del coronavirus en los penales.
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Lo primero fue solicitar que haya personal médico suficiente para atender a los internos, contar con provisiones de paracetamol en tableta e inyectado, establecer un punto de valoración y detección de casos sospechosos antes de ingresar al penal, así como medir la temperatura de las personas que intentan entrar.
Para prevenir el contagio, la ONU instó a establecer planes de contingencia específicos para garantizar una respuesta de salud adecuada y mantener un entorno de detención seguro y humano; hizo hincapié en que es necesario el distanciamiento social así como las grandes aglomeraciones en áreas comunes.
Este modelo busca proteger no solo a los internos, sino también a los trabajadores del sistema penitenciario, así como a las personas que visitan a sus familiares y a los niños que viven con sus madres en las cárceles. La Secretaría de Salud calcula que diariamente ingresan aproximadamente 3000 personas, entre abogados, empleados y proveedores. De éstas, 400 son familiares de los internos. Cabe mencionar que en cárceles estatales y municipales no existe el cálculo.
“Es necesario garantizar el bienestar físico y mental de las personas privadas de la libertad a través de la atención a la salud, implementación de medidas de protección y seguridad y de tipo legal”, estableció la ONU.
Recientemente, el gobierno federal emitió un protocolo de actuación para la atención del coronavirus en el interior de los centros federales de reinserción social, el cual contempla a 17, 058 personas privadas de su libertad en 18 centros penitenciarios; sin embargo, esto representa sólo el 8.4% del total de internos que hay en el país.
El documento propone en siete páginas llevar a cabo un campaña de difusión sobre las enfermedades en los penales, a fin de promover medidas de prevención e higienes y limitar las visitas en una etapa de prevención.
En caso de emergencia, se propone aislar a las personas contagiadas o si su condición se grava, trasladarlas a un hospital designado.
Las organizaciones mencionan que el problema de este protocolo es que no abarca a todo el sistema penitenciario nacional, sólo considera a los centros de reclusión federales, que son los que mejores condiciones de higiene tienen y cuentan con menor hacinamiento.
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