El Gobierno trabaja con las autonomías para establecer un límite máximo de alumnos por aula el curso que viene. El número más probable es 15. Algunas comunidades permiten ahora hasta 28 en primaria y 40 en Bachillerato. El Ministerio de Educación y los Ejecutivos autonómicos ven inviable duplicar los grupos por varias razones, la principal de las cuales es de índole presupuestaria: no habrá dinero para doblar las plantillas y ampliar suficientes espacios escolares, así que el escenario que se abre paso es el de un sistema de enseñanza mixto en el que el alumnado asista a clase por turnos —de mañana y tarde o, más probablemente, en días o semanas alternos— y trabaje en casa la otra parte del tiempo.
Por EL PAÍS
“Hay que compaginar la escuela con la necesidad del control epiodemiológico, y la prioridad es evitar el contagio, la salud pública”, ha afirmado este lunes una portavoz del ministerio. Las familias consideran que esa nueva normalidad escolar exigirá medidas de conciliación; los directores de centros ven imprescindible recursos para adecuar las instalaciones, y los sindicatos de profesores exigen “aumentos sustanciales de las plantillas docentes” para poder compaginar los planos presencial y a distancia.
La premisa con la que trabajan las autoridades educativas es que, a menos que la ciencia descubra un tratamiento muy eficaz que dé un giro radical a la pandemia, en septiembre las normas de precaución de distanciamiento físico van a seguir siendo estrictas. Y ello va a obligar a prolongar las condiciones excepcionales. La diferencia, indica la portavoz del Ministerio de Educación, es que, al contrario de lo que sucedió con el inesperado cierre escolar de marzo, ahora hay tiempo para preparar la parte online de la docencia y proporcionar a todos los alumnos que carecen de equipos y conexión en el hogar los medios necesarios. Y tampoco es lo mismo, añade, pasar tres meses sin pisar la escuela que una docencia mixta, en la que habrá un contacto regular con el profesorado y podrá orientarse mejor el trabajo a distancia. La drástica reducción de la ratio permitirá, además, que cuando los alumnos estén en el aula, los docentes puedan dedicarse a ellos de forma más presencial, potenciando su labor de tutorización.
El impacto no será igual en todos los centros. En una entrevista publicada este lunes en 20 Minutos y el Heraldo de Aragón, la ministra de Educación, Isabel Celaá, planteaba que tendrían que reducir a la mitad su capacidad. Pero la opción que está sobre la mesa es establecer un número máximo de estudiantes, de modo que las escuelas rurales con pocos alumnos que puedan cumplir las normas de distanciamiento podrán seguir funcionando como hasta ahora, sin necesidad de acudir a la docencia online. En los colegios e institutos urbanos el problema será mucho mayor. Y aun así, como su realidad arquitectónica es diversa, la respuesta no será uniforme, señala la portavoz del ministerio, porque cada centro elegirá la mejor manera de cumplir con las normas. Y también las comunidades, que tienen transferidas gran parte de las competencias educativas, podrán adaptar el marco general que se acuerde según sus condiciones.
Responsables educativos autonómicos consultados por este periódico admiten que la reducción del número de alumnos los sitúa ante un grave problema, porque, a la espera de los fondos adicionales que pueda proporcionarles el ministerio, no creen que vayan a poder contar con muchos más recursos. “Con la crisis que se avecina, nuestra pelea va a ser mantener el mismo presupuesto que este año para el profesorado. Eso lo podemos conseguir. Pero aumentar el número de docentes de forma significativa está descartado”, resume uno de ellos. “Todos los gobiernos vamos a tener que redefinir nuestras cuentas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y todo eso tiene que salir de un presupuesto que siempre es limitado”, advierte Amador Cuenca, viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha. “Plantear un incremento significativo de las plantillas no es realista, porque es evidente que la situación económica no lo permitirá”, añade Antoni Morante, director general de Planificación, Ordenación y Centros de Baleares.
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