El comisionado presidencial para los derechos humanos, Humberto Prado pidió mediante un comunicado, respeto a los DDHH de los oficiales detenidos de la Operación Gedeón.
Entre los días 3 y 4 de mayo de 2020, el régimen procedió a detener a 2 personas en la localidad de Macuto en el estado Vargas y otras 8 en Chuao, estado Aragua en el marco de una supuesta operación de invasión en el territorio venezolano. En el transcurso de esta, se produjeron unos enfrentamientos que ocasionaron el lamentable fallecimiento de 8 personas que se encontraban en la primera embarcación.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas pone de relieve una serie de detenciones que ha arrojado una cifra de más de un centenar de militares privados de libertad por haber estado presuntamente involucrados en sublevaciones y otros planes preparados en contra del régimen. Se debe recordar que lo anterior ha dejado un contexto de al menos 347 presos políticos registrados, en el medio de una situación de alrededor de 80 encarcelaciones arbitrarias entre los meses de marzo y abril de presente año, todos los cuales mantienen en común haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, especialmente los referidos a las garantías judiciales como el derecho a la defensa y a un juicio justo.
Contextualmente, estas detenciones se producen en el marco de una violencia institucional por medio de la cual la usurpación incurre en violaciones graves a los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su custodia. La muerte del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo luego de haber sido sometido a actos de torturas por la D.G.C.I.M, así como la ejecución extrajudicial del Concejal Fernando
Albán en la sede del SEBIN (siendo este hecho deleznablemente encubierto bajo una falsa hipotesis de suicidio) dan cuenta de ello. La Comisión Presidencial también recuerda con profundo pesar el caso del funcionario disidente Oscar Pérez, quien también fue ejecutado extrajudicialmente durante una operación armada caracterizada por el uso desproporcionado de la fuerza. La Comisión no conoce detalles sobre la responsabilidad material de los detenidos sobre estos hechos, pero en el supuesto en el que fueren responsables, eso nunca justificaría que los torturaran o asesinaran a la luz del principio pro homine y la prohibición de ius cogens de torturar a detenidos.
Al respecto, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos se solidariza con las declaraciones efectuadas por:
a.- Fátima Sequea Torres, hermana del Capitán de la GNB, Antonio Sequea Torres;
b.- Sindy De Pimienta, esposa del Capitán Víctor Pimienta Salazar; y
c.- Margareth Baduel, hermana de Josnars Baduel Oyoque, quienes aseguraron que temen por la vida e integridad física de sus familiares, actualmente privados de libertad.
Es evidente que bajo estas circunstancias el régimen, al mantener el control del aparato de represión, es el único responsable de las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanos, ejecutados en contra de los detenidos. Motivo por el cual, la puesta en marcha de tales actos acarrearía responsabilidad internacional por violar derechos humanos, independientemente de que estas personas sean culpables o no de lo que se les acuse.
En virtud de las consideraciones previamente expuestas, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité Contra la Tortura de Naciones Unida que:
- Se pronuncien sobre el respeto que deben tener toda persona detenida; y, en general, sobre el contexto de persecución, torturas y otros tratos inhumanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en contra de los militares que disienten de la ideología del régimen.
- Exhorte a los organismos de seguridad que torturen, apliquen, tratos inhumanos y crueles e informan a los familiares sus condiciones de detención en las que se encuentran las personas civiles y militares privadas de libertad en la fecha antes indicada, además de poder ser asistidos por sus abogados de confianza.
- Insten a las autoridades que ostentan el poder de facto a prevenir, impedir y garantizar la no repetición de prácticas iguales o similares a las ejecutadas hasta la fecha en contra de las personas que disienten de la ideología política del régimen. En concreto, peticionamos que se garantice el pleno respeto a sus derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y debido proceso.
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