El escándalo del espionaje militar en Colombia salta fronteras. Y vuelve a poner el foco de manera particular sobre los periodistas. Porque los profesionales de la prensa son espiados en dictaduras de derecha, en dictaduras de izquierda, en regímenes totalitarios de cualquier naturaleza, y además en democracia, que es lo que ha puesto de relieve la investigación llevada a cabo por la revista Semana de Bogotá.
Juan Carlos Zapata / ALnavío
Este jueves, El País de Madrid le dedica el editorial al escándalo. Y señala que “la trama de espionaje descubierta en el Ejército colombiano resulta incompatible con una institución al servicio de una democracia. Los informes conocidos el viernes documentan el seguimiento de más de 130 personas: periodistas, corresponsales extranjeros, opositores, políticos y el mismo jefe de despacho de Iván Duque, el presidente de la República, Iván Duque. La mera existencia de un aparato militar, por reducido que fuera, dedicado a interceptaciones ilegales cuestiona el control y la gestión de la institución”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y el Comité de Protección de Periodistas, CPJ, son dos de las organizaciones que han salido a solicitarle al gobierno de Iván Duque que vaya hasta sus últimas consecuencias. Es que sobran los antecedentes de que las investigaciones comienzan, se llega hasta algunos supuestos responsables, y ahí se termina el asunto, sin que se establezcan medidas o políticas que eviten la repetición del problema, y los perjudicados terminan siendo las instituciones, la sociedad, la democracia y la libertad de expresión.
Esta es una oportunidad para que el gobierno de Duque establezca diferencias y distancias respecto a la vecina Venezuela, controlada por un régimen que ha convertido el espionaje a periodistas, a empresarios, banqueros, a sacerdotes, políticos de oposición y también a políticos y militares afectos al régimen, en una práctica habitual. Los servicios de inteligencia, tanto civiles, el Sebin, como militares, la DGCIM, más el aparato especial cubano, hacen del espionaje un arma para mantener penetrados a los distintos sectores de la sociedad venezolana.
Señala El País que “lo sucedido no puede quedarse en el terreno de las sanciones administrativas o de la actuación de la justicia, sino que debe ser una oportunidad para revisar a fondo la estructura del Ejército. No es la primera vez que Colombia afronta un escándalo de espionaje. Con Álvaro Uribe, a finales de la pasada década, el servicio de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) intervino las comunicaciones de decenas de opositores, magistrados y periodistas. El caso de las escuchas ilegales vuelve a asomar hoy, bajo nuevo semblante”.
En un extenso reportaje, la alemana DW Actualidad, apunta que “los escándalos de espionaje se repiten cíclicamente en Colombia, comenta a DW la coordinadora del programa del CPJ para América Central y del Sur, Natalie Southwick. Las investigaciones terminan con el despido de unos pocos «responsables” y el problema se arraiga. «Falta transparencia en la investigación y asunción de responsabilidades” por parte del Estado, denuncia Souhtwick”.
DW también cita al presidente de la SIP, Cristopher Barnes, quien señaló que «además de violar el derecho inalienable a la privacidad garantizada a todos los ciudadanos, estas acciones ilegales corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas”.
Un aparato de esta naturaleza no ayuda a la institución armada, que ya cargaba con algunos estigmas en la lucha contra la guerrilla. La impacta y la afecta ante la opinión pública. Es por ello que la investigación debe avanzar. Apunta el diario El País que “denunciar, como ha hecho Naciones Unidas, el uso del espionaje para violar derechos humanos en lugar de protegerlos no supone ningún ataque a las Fuerzas Armadas colombianas. Todo lo contrario, significa defenderlas y abogar por su consolidación como engranaje esencial de la democracia”.
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