Una Ventana a la Libertad presentó un informe que documenta cómo han sido los primeros 50 días de la cuarentena en los centros de detención. El hambre, protestas, fugas y ejecuciones de los internos fueron algunas de las situaciones que afrontaron los privados de libertad en Venezuela.
En medio de una emergencia humanitaria compleja como la que atraviesa Venezuela, la población reclusa detenida en los calabozos policiales sufre las consecuencias de la falta de políticas gubernamentales para enfrentar una pandemia como la COVID-19.
Los 17 investigadores de Una Ventana a la Libertad, presentes en 15 estados de Venezuela, documentaron que el suspender las visitas en lugar de proveer las medidas de seguridad requeridas, dejó a las familiares y a los detenidos a merced de la voluntad y otras acciones irregulares de los custodios; desde no permitir la entrada de alimentos, entregarles sólo parte de la comida que les llevan los familiares, hasta cobrar una cuota de dinero al familiar para dejarle entrar los alimentos o hacer visitas clandestinas no permitidas.
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La decisión de suspensión de visitas significó una mayor crisis alimentaria para la población detenida en los calabozos policiales. Sin mencionar que los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos son en sí mismos un posible agente de contaminación de la COVID-19, pues entran y salen a los CDP de acuerdo a su horario de guardia y, como evidencia la información recogida, tampoco disponen de efectivas medidas de prevención y protección.
El hacinamiento sigue siendo una constante en los CDP que aumenta el riesgo de contaminación de las enfermedades respiratorias, la tuberculosis y ahora, la COVID-19. Esto aunado a las terribles condiciones sanitarias que prevalecen en los calabozos, falta de agua potable, implementos de limpieza y otros insumos necesarios para la higiene personal. Esta realidad es una constante preocupación para quienes trabajamos en la búsqueda de garantizar los derechos humanos de las personas detenidas.
Durante la cuarentena encontramos 77 fugados en los CDP, de los cuales 53 murieron en presuntos enfrentamientos durante los operativos de recaptura. Pero todo apunta a que fueron ejecutados. La violencia ha imperado durante los días de la cuarentena. Solamente 11 fueron recapturados, y 26 funcionarios se encuentran sometidos a investigación por complicidad en la fuga de detenidos.
Se registraron 9 huelgas de hambre en las 15 regiones que monitorea UVL como protesta, con la participación de más de mil detenidos. Un elemento común en estas huelgas fue el temor a la COVID-19 debido a las condiciones de insalubridad. También se produjeron 5 muertes por enfermedades, 2 de ellas por tuberculosis. Se pudo identificar a 3 reclusos heridos por riñas y a 16 torturados o maltratados durante la cuarentena.
El retardo procesal y judicial es señalado en 20 oportunidades por los familiares; consideran que este es el peor maltrato que viven los reclusos especialmente durante esta coyuntura. Sin embargo, sólo conocimos de 10 casos de agilización procesal y medidas de libertad en los CDP, todos en el estado Táchira.
De acuerdo con los alertas reportados por los investigadores de UVL, durante el primer semestre de 2020 la situación de hacinamiento fue aún mayor, y entonces llegó la cuarentena y comenzó la improvisación. Durante el aislamiento social, entre el 14 de marzo y el 4 de mayo, se encontraron 1887 detenidos en los CDP a quienes se les pudo hacer seguimiento a través del equipo de investigación de UVAL, debido a las limitaciones de movimiento que ya mencionamos. Lo dramático es que el cupo de estos calabozos ascendía a 275, es decir, tenían casi 14,6 veces menos cupos que la cantidad de detenidos. El 99% de los detenidos (1872) eran hombres, el 1% restante eran 4 adolescentes y 11 mujeres.
Una masacre carcelaria en el día 47 del confinamiento
En el día 47 de la cuarentena nacional en Venezuela para evitar la propagación del coronavirus, específicamente el viernes 01 de mayo de 2020, se registró una protesta de reclusos en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa, por falta de alimentos e irregularidades en el pase de comida que le llevaban sus parientes. La protesta terminó una la masacre de 47 reclusos asesinados y 75 heridos, entre los cuales hay varios de gravedad.
En los actuales momentos en el enrarecido, inseguro y violento ambiente en que vivimos en Venezuela, estamos presenciando las injusticias a las cuales son sometidos los presos. El caso de la matanza en el Cepella ha trascendido las fronteras nacionales y se han producido respuestas de altas personalidades nacionales e internacionales.
La versión oficial habla de un motín con intenciones de fuga de esa población reclusa. Sin embargo, los familiares de los presos que se encontraban desde tempranas horas a las puertas de la prisión a fin de poder entregar la comida para sus familiares, reportaron otra versión a Una Ventana a La Libertad.
Nuestros investigadores documentaron la opinión de uno de los detenidos sobrevivientes y de los familiares que se encontraban en las afueras del Cepella, sobre los hechos que propiciaron la tragedia.
Sea cual sea la realidad de lo sucedido, la violación de los derechos humanos de esta población de reclusos en el Cepella llegó a niveles extremos. El silencio oficial no nos permite tener certeza de cómo se sucedieron los hechos, pero sí tenemos que exigir que estos sean investigados a fondo y de manera imparcial a fin de hacer justicia para las víctimas y sus familiares.
Prensa Una Ventana a la Libertad
Nota de prensa
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