La precariedad de las condiciones de vida en el Zulia, el fenómeno hiperinflacionario y el aumento de la violencia policial son algunas de las situaciones que ensombrecen el panorama de los derechos humanos en el Zulia. La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó este jueves su informe anual 2019 relativo a la Situación General de los Derechos Humanos en la región, así como el estudio final de la Seguridad Alimentaria en Maracaibo, realizado el año pasado.
El informe documenta por capítulos los hechos en el Zulia que involucran la vulneración de las libertades personales y el debido proceso, el derecho a la vida, la integridad y seguridad ciudadana, así como lo relativo a la Emergencia Humanitaria Compleja, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales.
Caos en servicios públicos
Para Codhez, la crisis en la prestación de servicios públicos en el Zulia se hizo crónica durante 2019, sobre todo en los casos de la electricidad y el agua potable. En el transcurso del año se registraron múltiples apagones generales, el primero de los cuales fue nacional, el 7 de marzo, y el más prolongado de todos, que mantuvo a la región sin electricidad por 101 horas en promedio.
A su vez, el limitado acceso al agua en el Zulia se agrava por la crisis eléctrica. Los zulianos se ven obligados a buscar y acarrear agua desde tomas ubicadas en calles, plazas o cañadas, o comprar agua suministrada por camiones cisternas a precios pagados en dólares.
El deterioro de las condiciones de vida en el Zulia se desarrolló en un escenario de censura a la prensa, instrumentada no solo a través de una política expresa de amedrentamiento y persecución contra algunos periodistas, sino también mediante allanamientos y cierres de medios de comunicación.
Crece la dependencia de los hogares para poder comer
En su informe de seguridad alimentaria, Codhez destaca que el alto costo de los alimentos sigue siendo uno de los impedimentos para acceder a una alimentación adecuada en los hogares marabinos. A la vuelta de un año, el aumento de precios de los 21 alimentos de la canasta básica monitoreados por Codhez fue en promedio de 6763 %.
Durante el período enero 2019-enero 2020, el precio de la carne de pollo se incrementó, en promedio, 4102 %, el de la carne de res 4019 % y el de los granos 10.726 %.
Este estudio evidencia que el ingreso de los hogares en Maracaibo es insuficiente para comprar alimentos, por lo que la ayuda de los familiares fuera del país es importante para el sostén de muchas familias: cinco de cada 10 recibe ayuda mensual de sus familiares en el exterior, y cuatro de cada 10 percibe entre 11 y 50 dólares cada mes.
La dependencia de las familias, al no ser capaces de alimentarse por sí mismas, evidencia la situación de inseguridad alimentaria de gran cantidad de hogares marabinos que no tienen acceso a una alimentación adecuada y nutritiva. En siete de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable, comieron menos de lo debido y tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos.
En el estudio realizado por Codhez, la inseguridad alimentaria es una situación presente en todas las parroquias de Maracaibo. Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez, Manuel Dagnino, Bolívar, San Isidro, Luis Hurtado Higuera y Venancio Pulgar son las que presentan los índices de inseguridad alimentaria más altos de la ciudad.
Mientras tanto, los programas de asistencia económica del Estado venezolano han demostrado ser insuficientes, pues no aportan, en el mejor de los casos, más allá de ocho dólares al mes. Otro de los datos que devela este informe es la inviabilidad del programa Clap. Según la encuesta, ningún hogar la recibió cada mes durante 2019, y mucho menos cada quincena, que se supone es la frecuencia de distribución de las cajas subsidiadas de alimentos.
Violencia policial
La violación del derecho a la vida fue sistemática. El creciente número de muertes ocasionadas por funcionarios de seguridad del Estado venezolano da cuenta de una política de ejecuciones extrajudiciales que ya ha sido alertada por organismos internacionales.
Durante 2019, en el Zulia fueron asesinadas 657 personas por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en 497 hechos de violencia, entre ellos, 491 en supuestos enfrentamientos. En 2018, esta cifra fue de 279 personas, es decir, a la vuelta de un año el número registrado de muertes ocasionadas por la policía ha aumentado 135,48 %.
El promedio de edad de los muertos registrados por violencia policial es mayor en los jóvenes de 20 a 25 años en la data manejada por Codhez, una situación que se asemeja a patrones evidenciados en otros estados de Venezuela. En el primer semestre, correspondieron a 18,33 % de los casos, mientras que en el segundo semestre, representaron 29,08 % de ellos.
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), cuya disolución fue solicitada expresamente por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son el segundo órgano policial que acumula más acciones violentas en la región (18,47 %), superada por el Cicpc, que estuvo presente en 20,88 % de los hechos violentos.
La crisis de derechos humanos es estructural
En esta memoria la organización reitera que la crisis de derechos humanos en Venezuela tiene carácter estructural, ocasionada por el quebrantamiento del orden constitucional y democrático que ha llevado a una emergencia humanitaria compleja sin precedentes.
Codhez exhorta al Estado venezolano a cesar su política de ejecuciones extrajudiciales, investigar y sancionar a los responsables de la violación de los derechos humanos en el diseño y la ejecución de operaciones de seguridad ciudadana, e indemnizar a las víctimas.
A su vez, hacen un llamado a las instancias de protección de los derechos humanos, en específico a aquellas dedicadas al derecho a la alimentación, para que examinen la situación de este derecho en Venezuela e intercedan para restituir su pronta garantía.
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