El retorno de miles de refugiados a Venezuela por el coronavirus y la expulsión de la que han sido víctimas en los países de acogida tiene un sabor amargo, debido a la discriminación y al cruel trato inhumano con que son recibidos por el régimen chavista.
Por Ludmila Vinogradoff / abc.es
Linda García, de 27 años, se sienta en el suelo frío de un albergue en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira, a esperar que se termine el confinamiento de 15 días al que fue sometida junto a otras 600 personas más. «No me esperaba encontrar este infierno aquí en mi propia tierra y mucho menos ser humillada como portadora de un arma biológica llamada coronavirus», escribe a ABC en su teléfono móvil.
El aislamiento físico en los albergues sin contacto con el exterior no impide la comunicación telefónica discreta con sus familiares y clandestina con los medios de comunicación. A más de 50.000 emigrantes venezolanos registrados que han retornado a su país en las últimas semanas el régimen de Nicolás Maduro les ha prohibido, entre otras cosas, denunciar a la prensa su situación.
La joven García, natural de Maracaibo, estado Zulia, peluquera profesional, se fue a Pamplona, en el departamento colombiano de Norte de Santander, siguiendo a su marido porque tenía trabajo en una construcción hace año y medio. Pero por la pandemia y la falta de dinero fueron expulsados de su vivienda. Ella y su pareja no presentan síntomas del virus, pero de todas formas tienen que guardar la cuarentena.
En Maracaibo, la capital petrolera del país venida a menos por la destrucción de su principal industria nacional, Linda García dejó a sus dos hijos pequeños con la abuela a los que espera ver tan pronto termine el encierre en el refugio tachirense.
Lo que no esperaba es que el secretario de la gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, fuera el primero en aplicar el «apartheid» impuesto por Nicolás Maduro sobre los retornados: «Toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese en el país será considerada arma biológica y encarcelada». Así mismo señaló que «hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia».
Maduro acusó este miércoles al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar tras un plan para infectar con Covid-19 a los venezolanos que están regresando desde ese país. Asegura que los colombianos han contagiado de manera intencionada a los venezolanos que regresan.
«No me esperaba encontrar este infierno aquí en mi propia tierra», afirma Linda García, una joven peluquera de Maracaibo que regresa desde Colombia
La cifra de casos de contagiados escaló a 1.327 personas con solo once fallecidos. La diáspora también subió a cinco millones de emigrantes, de los cuales ha retornado menos del 1%, la mayoría de venezolanos trabajadores que han perdido su empleo y vivienda por la crisis económica causada por la pandemia, por lo que se han visto forzados a volver a su país.
«De un momento a otro los montaron en vehículos, autobuses, les dieron bolsitas con pancitos. Ellos dicen que estaban sanos en las ciudades de Cali y Medellín, que no habían tenido contacto con contagiados y presumen que los contaminaron en los autobuses», dice Maduro. «Yo le digo esto al pueblo para que vean la maldad a la que nos enfrentamos. Los infectaron, por eso declaré la emergencia sanitaria en los pasos fronterizos».
Según el diputado Carlos Valero, «queremos rechazar enérgicamente las irresponsables declaraciones de Nicolás Maduro, quien ha dicho que nuestros hermanos que han regresado al país por efecto de la pandemia, son una especie de arma biológica de gobiernos extranjeros. Culpar a personas que están atravesando una enfermedad de ser armas biológicas y de propagar un virus, es inhumano. Buscan criminalizar a los migrantes venezolanos y evadir la responsabilidad del régimen en el tratamiento de la pandemia».
Desde Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, la mayoría de los emigrantes hacen largos recorridos a pie para volver a sus hogares pero se encuentran en el Puente Internacional Simón Bolívar en Ureña, Táchira, con un tapón o embudo en donde quedan represados, esperando con sus maletas a la intemperie para poder cruzar la frontera y llegar a su destino.
Las autoridades sanitarias y migratorias del Táchira los dejan volver a cuentagotas, previamente los registran y desinfectan, les hacen pruebas PCR y los confinan en refugios como instituciones, centros educativos y hoteles.
«Nos dan comida podrida para gusanos»
En los refugios nacionales los emigrantes comienzan a vivir otro calvario. Linda García se queja de que no hay colchonetas para dormir, ni baños, ni agua, ni luz, ni telefonía, ni internet, ni comida ni atención médica. «Nos han dado comida podrida con gusanos», dijo.
Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, dijo a ABC que etiquetar a los emigrantes como arma biológica es una irresponsabilidad del régimen de Maduro. «El trato que se les da a los retornados en los albergues es cruel e inhumano. Los someten a condiciones de indigentes».
El padre Baltazar Porras denunció en las redes sociales que en los refugios del Táchira se ofrece comida descompuesta a los migrantes al llamar a los tachirenses a llevar alimentos a los necesitados.
Otro caso de intoxicación por comida descompuesta ocurrió con los retornados en Barquisimeto, estado Lara. José Pastor Ortíz denunció a la prensa regional que su bebé de 1 año murió por deshidratación en el hospital pediátrico Dr. Agustín Zubillaga el 8 de mayo.
«Nosotros nos venimos de Bogotá el 29 de abril y ya el 30 estábamos en Guasdualito, estado Apure. Allí fuimos encerrados en una escuela durante ocho días. Aunque la comida era poca, el personal encargado tenía la posibilidad de comprar comida cruda, que cocinábamos con leña», contó Ortiz.
Pero en Barquisimeto la familia Ortiz fue confinada en la Villa Bolivariana de la gobernación de Lara, donde estuvieron encerrados encerrados más de ocho días. «Anoche nos dieron arepas (tortillas de maíz) con mortadela descompuesta. Nosotros no la comimos toda pero mi hijo que es un glotón se la comió toda. Todo el grupo de 12 personas se intoxicó y tuvo que ser hospitalizado pero mi hijo murió porque no aguantó la espera por el médico», dijo entre lágrimas José Ortiz.
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano también deplora que un arma biológica alienta la discriminación, la vejación y la exclusión en contra de los retornados. «Una acusación tan grave, obliga a Maduro, quien debe llevar las pruebas al Sistema de Naciones Unidas, de acuerdo a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción».
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