Unos 80.000 estudiantes uruguayos de más de 600 centros públicos de educación primaria y secundaria quedaron habilitados este lunes para volver a las clases presenciales que se habían interrumpido el 13 de marzo por la declaración de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
Uruguay se convirtió en abril en el primer país de América Latina en retomar el año lectivo mientras reporta una centena de infectados activos en todo su territorio.
“Este paso lo damos porque estamos convencidos de que el riesgo es mínimo”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou cuando anunció la vuelta a clases. Aunque también se mostró cauto: “Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario”.
El regreso a las aulas es paulatino y voluntario: en 15 días comenzará otro grupo de 230.000 estudiantes y los 390.000 restantes se presentarán a fin de mes. Los colegios privados también quedaron habilitados para comenzar de acuerdo con su propio cronograma.
Este lunes comenzaron los centros educativos ubicados fuera del área metropolitana de la capital, donde se acumula la mayor cantidad de casos de COVID-19, y los alumnos del último año de bachillerato y de escuelas en comunidades vulnerables.
Los grupos fueron divididos en dos para mantener la distancia física y cada uno tendrá clases presenciales dos días a la semana que serán acompañadas por las virtuales. Los alumnos no podrán permanecer más de cuatro horas en los establecimientos.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió un protocolo de prevención sanitario que establece ingresos con horarios escalonados, ventilación, lavado de manos, utilización de alcohol en gel y desinfección de los materiales y aparatos de uso común.
El tapabocas es obligatorio para los estudiantes de enseñanza media y voluntario para los escolares y preescolares. Durante la práctica de deportes y recreos se buscará mantener la distancia física.
«Tenemos que avanzar a paso firme por si llegáramos a tener que retroceder. Avanzar con las máximas seguridades aprendiendo que en las actuales circunstancias no hay riesgo cero ni seguridades totales”, explicó a The Associated Press Robert Silva, presidente de la ANEP.
En la Escuela Rural 128 del departamento de Canelones, a una hora de Montevideo, el olor a lejía atravesaba las aulas y espacios comunes. Una veintena de niños comenzaron las clases escuchando los discursos de las autoridades locales y cantando con el maestro y director, que lucían protectores faciales. Una vez en las aulas las maestras les mostraron a los pequeños los nuevos implementos de limpieza, cómo y para qué usarlos.
El retorno progresivo será monitoreado por las autoridades sanitarias y fue posible por las recomendaciones del Comité Honorario Científico Asesor del gobierno.
La transmisión del nuevo coronavirus “está en una zona de relativo control”, señaló Rafael Radi, integrante del Comité y el primer científico uruguayo asociado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
En Uruguay ningún niño menor de cinco años se ha contagiado. Los “efectos positivos del cierre escolar son por lo menos discutibles. Pero los efectos negativos son indiscutibles”, señaló el profesor Henry Cohen, ex presidente de la Academia de Medicina uruguaya y también miembro del Comité.
Desde el 22 de abril abrieron unas 900 escuelas rurales en zonas alejadas de la infección. En 300 testeos al personal ninguno fue positivo al COVID-19.
Hasta ahora el nuevo coronavirus se ha registrado en ocho de las 19 divisiones territoriales del país. Desde el 13 de marzo, cuando se detectaron los tres primeros casos, se reportaron 823 contagios y 22 fallecidos. Actualmente hay 116 personas que padecen la infección -de las cuales cinco están en cuidados intensivos- y 685 se han recuperado.
En dos semanas, el 50% de los escolares en zonas rurales alejadas de centros poblados volvieron a las aulas. En los próximos días se conocerá cuántos de los 80.000 alumnos que retomaron el lunes vuelven voluntariamente al salón de clase.
“Apostamos a que la comunidad educativa construya el reintegro junto a las familias. Que vayan y constaten que se han tomado medidas de seguridad y que pueden confiar sus hijos, lo más preciado que cualquier ser humano tiene”, explicó Silva.
Tanto el presidente Lacalle Pou como Silva han reafirmado que es imperioso garantizar el derecho a la educación. En el nivel medio dos cada 10 alumnos no participaron de las consignas en las plataformas virtuales, dijo Silva a la AP.
“Quienes están en situación de vulnerabilidad ven afectado su derecho a la educación porque varios miles están desconectados. También hay miles que se han conectado muy poco y tenemos muchísimos que no están aprendiendo. Creo que esa es la cuestión a atender”, explicó.
Con información de AP
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