La pediatra y diputada María Teresa Pérez comentó que en el país, según cifras de la OCHA, tan solo 2,3% de las pruebas que se realizan corresponden a PCR.
El reciente aumento de los casos de covid-19 en el país prendió las alertas de la Asamblea Nacional, mientras los diputados exigen al régimen de Nicolás Maduro que respete el acuerdo humanitario firmado con las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el pasado 9 de junio para descentralizar las pruebas PCR y así aumentar la respuesta a la población.
La diputada Manuel Bolívar señaló, en la sesión virtual de este jueves 18 de junio, la necesidad de que la población atienda y sea más rigurosa con los mecanismos de prevención de la covid-19, debido al aumento exponencial de contagiados, que ya suman 3.686 en todo el país.
El riesgo de contagio aumentó en un 136% de acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Salud, destacó la parlamentaria, quien además refirió que en el país hay focos activos en poblaciones vulnerables como en las etnias pemón y wayúu, mientras persiste la transmisión de contagio al personal sanitario.
Además, Bolívar alertó que el impacto de la flexibilización de la cuarentena «la veremos dentro de dos a tres semanas». Por ello reiteró la petición sobre la necesidad de que se descentralicen las pruebas PCR, el método más efectivo para detectar coronavirus en un paciente.
En el país solamente el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en Caracas, está habilitado para procesar las pruebas PCR. Según datos difundidos por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), capítulo Venezuela, se procesan un promedio de 600 pruebas diarias, lo que es considerado insufiente por las autoridades mundiales en salud.
Debido al aumento de casos de covid-19 en la frontera, el régimen de Nicolás Maduro también habilitó la tres unidades móviles para procesar pruebas PCR, ubicadas en Táchira y Zulia.
La diputada Manuela Bolívar destacó que solo se debe lograr el aumento de la cantidad de pruebas que se aplican en el país, sino la celeridad en la entrega de los resultados para poder optimizar el tratamiento a los pacientes. También pidió que se amplíe el espacio humanitario para que las organizaciones laboren sin restricciones.
La pediatra y diputada María Teresa Pérez comentó que en el país, según cifras de la OCHA, tan solo 2,3% de las pruebas que se realizan corresponden a PCR. «La prueba debería hacerse a toda la población para tener cifras reales».
También señaló que 29% de los casos que hasta ahora han sido reportados son comunitarios, «lo que ratifica que se debe tener más casos de los reportados. Vamos a insistir en el acuerdo humanitario para aumentar la capacidad de pruebas PCR, material y trajes de bioseguridad para el personal de salud».
Mientras que el médico y parlamentario William Barrientos se refirió a la situación del Hospital Universitario de Maracaibo. Señaló que se encuentra «colapsado» y denunció que al menos 40 médicos estarían contagiados de covid-19.
Además resaltó que debido al colapso del hospital universitario, por la cantidad de casos que reciben, a los pacientes se los están llevando a hoteles «sin protocolos o asistencia médica, están solos abandonados a su suerte».
Prohibición de envío de gasolina
La Asamblea Nacional aprobó mediante un acuerdo la declaratoria de estado de emergencia y extrema necesidad debido a la escasez de combustible en el país, así como la prohibición de envío de cualquier tipo de hidrocarburos a Cuba u otro país por parte del régimen de Nicolás Maduro.
En el acuerdo también se solicitó que la Fuerza Armada tome «todas las previsiones y medidas de resguardo necesarias» para evitar el suministro de combustible hacia otros países mientras dure el estado de emergencia, así como pedir a la comunidad internacional y a los países vecinos (Brasil, Colombia, Estados Unidos y las Antillas Holandesas e Inglesas) la colaboración para la ejecución de esta decisión.
Para ello, piden a estos países que adopten «todas las medidas necesarias» para impedir el «saqueo del combustible».
El diputado Luis Estefanelli denunció que a la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello (Carabobo), llegó el buque Petión y fue cargado de fuel oil para luego llevarlo a Cuba. «Sabemos muy bien que ninguno de estos productos conlleva a una retribución proporcional al esfuerzo que hace Venezuela de estos productos. El país tiene suficiente fuel oil por lo que debería intercambiarse por gasolina».
Además reportó una serie de embarques hacia Cuba de diesel y jet fuel a través del buque María Cristina cuyo nombre e insignias han sido cambiadas a Carlota C. «Hay que hacerle seguimiento a este buque porque es un barco que esta al servicio del régimen cubano. Yo celebro, si se puede confirmar, que la FAN por fin se haya dado cuenta de la gravedad del asunto, que significa enviar, en un momento como este, un buque cargado de gasolina a la Isla de Cuba».
Estrategias creíbles tras asalto a partidos
Por segunda vez en la semana, la Asamblea Nacional discutió sobre la intervención de los partidos políticos luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara una junta ad hoc sobre Primero Justicia (PJ). Los diputados también aprobaron un acuerdo desconociendo esta decisión del máximo Tribunal.
El diputado Simón Calzadilla resaltó que tras las decisiones contra Acción Democrática y PJ, y a la cual se podría sumar Un Nuevo Tiempo en los próximos días, es necesario romper esquemas y construir estrategias de lucha creíbles para enfrentar a Nicolás Maduro.
«Nuestra reacción no puede ser la que espera el régimen», sentenció Calzadilla en su intervención, al tiempo que señaló que el debate debe plantearse en cómo lograr elecciones libres.
Por su parte, el presidente de PJ y diputado, Julio Borges, indicó que la persecución contra los partidos políticos «implica uno de los momentos más difíciles que hemos vivido, pero el momento en el cual, debemos sacar, las fuerzas, las energías y la convicción para seguir adelante en la lucha y lograr la reconstrucción de Venezuela».
También agradeció las expresiones de apoyo a los militantes del partido y dijo que «todos los partidos están pagando lo que significa la entrega por una Venezuela distinta».
Mientras que la diputada Carmen Sivolí aseveró que el régimen pretende hacer con los partidos políticos lo mismo que ha hecho con los poderes públicos, que fueron «destruidos» y «secuestraron su autonomía, poniéndolos al servicio de sus intereses».
Calificó de «traidores del voto y de la confianza de sus electores» a quienes «cínicamente» fueron miembros de los partidos políticos, y que hoy «le hacen la comparsa al régimen, en estas abominables maniobras, con el fin de apropiarse las organizaciones políticas».
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