La Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, obtuvo este miércoles su visto bueno final después de que el Senado aprobara las modificaciones acordadas por la Cámara de Representantes.
Por Infobae
La LUC fue aprobada por 18 votos de la coalición de centro-derecha que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo, incluido el de la presidenta de la Cámara y vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, frente a 12 contrarios del Frente Amplio (izquierda), que estuvo en el Ejecutivo de 2005 a 2020.
Este paquete legislativo de unos 475 artículos incluye asuntos como la flexibilización de la legítima defensa policial, la regulación del derecho de huelga o la creación del Ministerio de Medio Ambiente.
Esta ley fue el eje de campaña de la “coalición multicolor” de cinco partidos que encabezó Lacalle Pou (el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente).
Los cambios clave en el Código Penal:
El proyecto aumenta el concepto de legítima defensa, tanto para los civiles que se vieran amenazados como también para policías o militares. En tal sentido, se propone sustituir el artículo 26 del Código Penal actual. Siempre remarca, sin embargo, la proporcionalidad de la reacción legítima. El nuevo artículo da mayores herramientas para los ciudadanos y las fuerzas de seguridad para accionar en caso de una amenaza cierta. Subraya además que los establecimientos rurales y en la protección de la actividad agropecuaria estarán también amparados por esta nueva resolución.
Declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados “que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”. Y se faculta el uso de la fuerza pública para disolver los piquetes a los que se refiere el artículo anterior, señalan.
En cuanto penas, define un incremento para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas. Para los menores en edad imputable, amplía a 10 años la pena máxima. Aumenta de 12 a 16 años la máxima por violación y fija en 30 años la pena por sicariato.
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