Los venezolanos son una población especialmente vulnerable a la explotación por trabajo forzoso, de acuerdo con una investigación que lleva a cabo el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), en conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La labor está a cargo de Clemencia Abad, licenciada en Relaciones Industriales y especialista en Gerencia de Proyectos, responsable de la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAB; y de Gustavo García, Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar y quien se desempeña como vicerrector administrativo en la UCAB.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
En Venezuela, la precariedad del empleo, los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo colocan al trabajador en niveles muy inferiores a la canasta básica necesaria para acceder a condiciones dignas de vida. Esta situación configura un escenario en el que comienza a hablarse de la presencia de trabajo forzoso o trabajo esclavo.
El país presenta, además, una de las mayores migraciones del planeta en tiempos recientes. De acuerdo con las cifras de ACNUR -la Agencia de la ONU para los Refugiados- hasta 2019 había más de 4,7 millones personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo. La mayor parte de este éxodo se dio a partir de 2015, por razones políticas, sociales y económicas.
Cientos de miles de venezolanos no cuentan con documentación o permiso para permanecer regularmente en los países que han emigrado, y por lo tanto carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Por esta razón se ven visto forzados, en ocasiones, a desarrollar actividades laborales en condiciones de ilegalidad, que constituyen fórmulas de explotación y vulneración de derechos, llegando a encontrarse casos de incumplimiento de pagos pactados, servidumbre o inclusive la explotación sexual.
No solo los venezolanos que emigran están en condiciones de trabajo forzoso, de acuerdo a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Arco Minero del Orinoco está tomado por grupos criminales que tratan con violencia a los trabajadores (son castigados con palizas, amputaciones de manos y hasta asesinados), situación que, aseguró, no ha sido investigada por las autoridades y que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
Igualmente existen algunas poblaciones especialmente vulnerables, como los indígenas, las mujeres (muchas veces responsables de servicios domésticos), los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y, los privados de libertad debido a la situación de cárceles venezolanas. La Comisión de Expertos de la OIT en materia de Trabajo Forzoso en Venezuela ha sido reiterativa en su requerimiento al gobierno de Venezuela (2013, 2014 y 2017) al exhortarlo a “cerciorarse que ninguna persona que exprese opiniones políticas, que se oponga pacíficamente al orden político, social o económico establecido, o que participe pacíficamente en una huelga, sea condenada a una pena de prisión en virtud de la cual se le imponga un trabajo obligatorio”.
Con la resolución N° 9855 del 19 de julio de 2016, el Estado estableció un sistema de trabajo de transición obligatorio para todas las entidades laborales, ya sean públicas y privadas, permitiéndole al gobierno disponer de los trabajadores hacia actividades del sector agroalimentario y el campo que requiera de apoyo adicional para incrementar la producción. Este es un ejemplo más de trabajo forzoso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en 2017 su profunda preocupación por la criminalización de los movimientos sociales y de la expresión de opiniones políticas, las cuales pueden convertirse en fuentes de trabajo forzoso.
Las estadísticas de la OIT indican que 90% de los casos de trabajo forzoso corresponden a trabajadores que son explotados en la economía privada. Venezuela no es ajena a esta realidad. Muchos de los trabajadores informales incluyendo niños son víctimas, obligados a trabajar bajo dominación y sometimiento de asociaciones ilícitas, que imposibilitan romper con la relación.
El Inaesin continuará realizando este tipo de investigaciones. Dado que hay una ausencia casi absoluta de estudios, su desarrollo exige la definición de métodos que posiblemente solo permitirán una aproximación a la caracterización y que exigiría la participación activa de diversos aliados, como organizaciones no gubernamentales dedicadas al apoyo a grupos vulnerables.
NOTA DE PRENSA
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