Al menos 85 organizaciones de Derechos Humanos se dirigieron el lunes a los Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para solicitar que se realice la renovación y fortalecimiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Por Primer Informe
Según Amnistía Internacional la petición se hizo para ser ejecutada durante el nuevo período de sesiones del Consejo, programado para septiembre próximo.
En un artículo publicado por la organización, “los Estados deben garantizar que la Misión de Determinación de los Hechos debe contar con financiación suficiente y estar capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, con el fin de evitar la impunidad de crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela”.
La Comisión de Determinación fue creada el 27 de septiembre de 2019 a través de la resolución 42/25, con la finalidad de investigar las numerosas denuncias de derechos humanos, entre las cuales destacan las “ejecuciones extraoficiales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con vistas a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctima”.
En el mes de septiembre deberá ser publicado el primer informe de la Misión de Determinación de los Hechos, la cual marcará “un importante primer paso en la senda de la rendición de cuentas en Venezuela mediante la documentación de la participación de aquellas personas de las que se sospecha que son penalmente responsables”, según Amnistía Internacional, por lo cual, por lo cual insisten, en que “es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos responda de manera significativa a las conclusiones y recomendaciones del informe”.
Entre las denuncias de Amnistía Internacional sobre la situación actual de Venezuela, destaca el pronunciamiento sobre que “millones de personas siguen sufriendo violaciones del derecho a la vida, la libertad, la integridad física y mental o el acceso a la justicia. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar y empeorar la emergencia sanitaria en todo el país, donde muchas personas tienen dificultades para acceder a servicios de atención a la salud, agua, alimento, combustible, electricidad y gas, todo lo cual obstaculiza su capacidad de protegerse frente a la pandemia”.
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