La historia comenzó cuando el COVID-19 arrasaba con los titulares de las noticias globales, y por eso pasó sin provocar mayor ruido. Peter Nygård, un empresario de la moda con una fortuna estimada en USD 777 millones, quedó en el centro de un juicio por el cual, en lugar de merecer el apodo del Hugh Hefner de Canadá, como se lo conocía, podría pasar a ser el Harvey Weinstein o el Jeffrey Epstein de ese país.
A mediados de febrero, un grupo de 10 mujeres presentó una demanda colectiva por violencia sexual contra Nygård en los tribunales de Nueva York, donde se halla una de las sedes de la marca del millonario. Alegaban que él “reclutaba, atraía y persuadía a mujeres jóvenes y menores de edad, fáciles de impresionar y a menudo pobres, con pagos en efectivo y promesas falsas sobre lucrativas oportunidades de modelar”, pero —según informó en marzo Chatelaine— “su verdadera intención era el ataque sexual y la violación”. Otras mujeres se fueron sumando, desde los Estados Unidos, Canadá y las Bahamas, hasta un total de 57 acusadoras. Los presuntos hechos a los que se refieren datan de hasta 1977 y algunas dijeron haber sido atacadas sexualmente a los 14 o los 15 años.
Y a mediados de agosto dos de los hijos de Nygård también se presentaron ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York para demandar a su padre por haber hecho arreglos para que ellos fueran violados por una mujer en la adolescencia. Según el texto de la acusación, Nygård ordenó a una de sus antiguas novias, “una conocida trabajadora sexual”, que “los hiciera hombres”, citó The Cut, lo cual implicó estupro ya que los hijos del magnate tenían 14 y 15 años respectivamente.
Además de acusar al padre de “tráfico sexual”, los demandantes —cuyas identidades se mantienen en reserva— argumentaron que la empresa familiar “conspiró, colaboró, facilitó y ayudó a encubrir las violaciones, proporcionando dinero y recursos corporativos”.
¿Interviene el FBI?
Cuando la policía de Nueva York (NYPD) y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la sede de su compañía en los Estados Unidos, en Nueva York, Nygård renunció a la presidencia del directorio y solicitó al juez a cargo de los casos de las 57 mujeres —que están en el fuero civil, no penal: es decir que no implican prisión para el empresario de 79 años— que desestimara a la mayoría, dado que no tenían conexión con Nueva York y por lo tanto el tribunal no podía tener jurisdicción sobre el caso. Sin embargo, según informó CBC Radio Canadá, el 21 de agosto el magistrado accedió a un pedido del gobierno federal para aplazar el proceso.
Aunque las razones del aplazamiento se desconocen, ya que se trata de un dictamen cerrado solo a los interesados, el periodista de judiciales Peter Brush, de Law 360, estimó que puede responder a un pedido de los fiscales para poder esperar que se complete una investigación del FBI. La decisión del juez Edgardo Ramos, que no implica un rechazo de la demanda, sino su puesta en pausa, sólo indicó en el registro público: “Se indicó al gobierno que informe al tribunal dentro de 48 horas de haber completado los procedimientos y diga si el juez puede levantar el aplazamiento”.
La abogada Shannon Snedaker explicó a CBC que el gobierno puede solicitar un aplazamiento para proteger una investigación en curso. La normativa “permite que el gobierno federal intervenga en un procedimiento si se está desarrollando una investigación federal penal”, dijo. “Esto puede significar que tal vez suceda algo a continuación, ya sea un arresto o una acusación u otra cosa en proceso, o que todavía se encuentran investigando”.
Un vocero de Nygård International, Ken Frydman, dijo que las acusaciones de las 57 mujeres eran “completamente falsas, sin fundamentos” y que la compañía “las negaba enfáticamente”.
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