El régimen de Nicolás Maduro ha cambiado al diputado Juan Requesens su lugar de reclusión. Tras más de dos años en los calabozos del Servicio de Inteligencia (Sebin), desde el viernes cumple con un arresto domiciliario.
La dirigencia opositora lo califica de injusto por considerarlo inocente, sin embargo, aunque celebra que haya salido de uno de los centros penitenciarios más siniestros del país y uno de los lugares donde el régimen aplica torturas despiadadas.
Requesens se reunió con su familia tras 752 días privado de su libertad. Sus padres se fundieron en un prolongado abrazo apenas llegó su hijo a casa. Entre lágrimas y un júbilo cargado de cuestionamientos, afirman que aunque no tiene libertad plena, el joven de 31 años «está en casa». «Juan está flaquito, pero está bien. Está feliz, está aquí en la casa. Que tenga casa por cárcel, no importa, porque estamos aquí juntos», dijo por videollamada la madre del preso político a su hija Rafaela Requesens, que se encuentra fuera del país.
El padre de Requesens explicó a ABC que su hijo no puede declarar a los medios por tener medidas cautelares que se lo prohíben y tampoco puede aparecer en público. Joel García, abogado del preso político, explicó a este medio que a Requesens solo se le cambió de lugar de reclusión cinco meses después de que solicitaran su traslado por la llegada del coronavirus a Venezuela. En su residencia estarán funcionarios de seguridad del Estado custodiando al diputado y dijo que el joven «tiene colocado un dispositivo de ubicación GPS en un tobillo«. De momento, ninguna figura del régimen se ha pronunciado al respecto.
Requesens quedó detenido en su residencia en Caracas el 7 de agosto de 2018. Funcionarios del Sebin lo detuvieron bajo el argumento de que el opositor había sido uno de los autores de un «magnicidio frustrado» contra Maduro cuando el 4 de agosto se encontraba con la cúpula militar en un acto público en la capital. Un dron con explosivos sorprendió a los asistentes del evento y de inmediato el régimen culpó al parlamentario.
Con su detención, el Gobierno chavista violó la inmunidad parlamentaria del opositor y desde entonces lo ha acusado sin pruebas de instigación pública continuada, terrorismo, financiación del terrorismo, asociación para delinquir, homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía en grado de frustración y posesión ilícita de armas y municiones.
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