El Congreso de Perú tratará este viernes un pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, quien ha quedado envuelto en un presunto caso de corrupción y corre riesgo de ser destituido por ‘incapacidad moral permanente’.
Sin embargo, son varias las fuerzas políticas que adelantaron que la posición de su bloque será la del rechazo, por lo que posiblemente los votos afirmativos no lleguen a los 87 necesarios, de un total de 103 legisladores que componen el Parlamento.
Más allá del resultado, la crisis política en el país es evidente, y se suma a la debacle económica y sanitaria que provoca el coronavirus en la nación andina, la segunda más afectada de la región.
Contrataciones irregulares
El titular del Ejecutivo está acusado de presuntamente instigar a dos asesoras a mentir en una investigación legislativa sobre múltiples contrataciones irregulares, la última como conferencista, de un cantante poco conocido, Richard ‘Swing’ Cisneros, quien sería amigo del mandatario.
A su vez, Vizcarra denunció al presidente del Congreso, Manuel Merino, de encabezar una conspiración para derrocarlo, cuando faltan diez meses para concluir su mandato. Merino, por su parte, negó estar detrás de un presunto golpe institucional, aunque reconoció haber mantenido conversaciones con altos mandos militares para «informarles» sobre el proceso.
Si bien algunos congresistas esperaban que el presidente fuera al recinto en persona a dar explicaciones por el caso Cisneros, será el abogado designado por Vizcarra, Roberto Pereira, quien presentará la defensa del jefe de Estado en el hemiciclo.
En diálogo con RPP Noticias, el letrado Pereira se mostró confiado no solo en los argumentos que planteará, sino también en que el Congreso «tomará la mejor decisión» y estará «a la altura de las circunstancias que necesita el país». Este último es uno de los puntos que han puesto a consideración los congresistas, ya que la salida anticipada del presidente, en este contexto, podría profundizar los problemas que ya padece Perú.
El jueves, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó una medida cautelar presentada por Vizcarra con el objetivo de paralizar el juicio político en su contra, junto a una denuncia por «uso indebido de la competencia».
La demanda pretendía evitar que la vacancia sea utilizada de manera «arbitraria como mecanismo de control político y sanción para dar por concluido de forma anticipada un mandato presidencial». El recurso cautelar buscaba frenar el proceso mientras el TC resolvía la cuestión de fondo, pero el intento fracasó.
La titular del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, explicó que los siete magistrados de la corte no concedieron la medida cautelar porque, a la luz de los pronunciamientos públicos de los legisladores, el riesgo de que suceda la vacancia de Vizcarra «se ha debilitado y no hay una urgencia manifiesta».
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