En un centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, tres mujeres viven en condiciones precarias mientras esperan a ser debidamente procesadas y enviadas a una cárcel común
Tres mujeres duermen entre gusanos. Las larvas crecen entre los entresijos, tejidos y resortes de los colchones en los que pernoctan. Se pasean entre sus cabellos. Quizás se han arrastrado en sus rostros y han dejado marcas invisibles.
Detenidas, el trío de mujeres está encerrado en una oficina devenida en celda, porque no se trata ni siquiera de una mazmorra en el sentido estructural del concepto. Y no hay agua ni comida. Solo hay excremento y gusanos deambulando, mangoneando los cuerpos que les hacen compañía en un centro de detención preventiva en Yaracuy.
“Se trata de una oficina viejísima, que era de tránsito terrestre y que ahora sirve como instalación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en la avenida La Patria”, indica la delegación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el estado Yaracuy, consultada por El Diario.
PNB en alcabala
Una de las madres de las reclusas dijo, de acuerdo con testimonios obtenidos por el OVP, que las detenidas llevaban más de 15 días sin bañarse. Que su hija no podía lavarse, pese a tener la menstruación.
Sus necesidades las hacen en bolsas. Esa es la génesis de los gusanos. De sus desechos nace la peste que las atosiga mientras duermen. Un solo baño alcanza para todas las encarceladas.
Al no ser instalaciones dedicadas a la atención de la población de privados de libertad, no hay comedor. Los únicos alimentos que consumen las tres mujeres entre las condiciones descritas provienen de fuera de los muros.
“No hay agua. La comida y la medicina se los llevan los familiares, los cuales tienen también dificultades para llevárselas debido a la escasez de gasolina”, indica la delegación del OVP.
Una situación irregular
Si las tres mujeres hubiesen seguido el debido proceso estarían, según la directora del OVP, Carolina Girón, en un centro de detención en el estado Lara o en Carabobo. “De acuerdo con la Constitución, en los centros preventivos -como en los que están ellas- solo deberían pasar entre 48 y 27 horas”, explica.
El informe anual del año 2019 presentado por el OVP indicó que Venezuela cuenta con 17 espacios para mujeres privadas de libertad. Solo el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) fue diseñado para alojar a la población femenina.
Actualmente, el único calabozo en donde hay mujeres en el estado Yaracuy es en Guama, ubicado en el municipio Sucre de la entidad.
“Estos calabozos son para detenciones preventivas. Se viola, entonces, la presunción de inocencia, además que las mujeres deben estar en establecimientos especialmente construidos para ellas. El juez que le dictó privativa ha debido establecer como sitio de reclusión un establecimiento femenino, en el caso de Yaracuy el más cercano es Fénix de Lara o el de Uribana”, explicó Girón.
No trasladan a los centros penitenciarios y es porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios es quien otorga el cupo en los establecimientos. Si nosotros gozáramos de una justicia expedita, que permita obtener una tutela judicial efectiva, ese tipo de cosas no deberían suceder”, indicó la delegación regional del OVP a El Diario.
Las tres mujeres en el calabozo de la PNB en Yaracuy llevan aproximadamente cuatro meses detenidas en esas condiciones. Se trata de un caso más de retardo procesal penal, señala el OVP.
En el informe de 2019 de la organización no gubernamental se indica que “los privados de libertad se hallan a la deriva en medio de interminables procesos judiciales que solo vulneran sus derechos inherentes, como el del debido proceso y el de acceso a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución”.
Despachos a conveniencia de los juzgados, cronograma judicial en el limbo, incumplimiento de los traslados hasta los juzgados, e incluso la propia actitud de los directores de los centros de reclusión son algunos de los factores que contribuyen al retardo procesal penal, según el OVP en Yaracuy.
¿Reanudación de las visitas familiares?
Desde el inicio de la cuarentena el pasado 13 de marzo, cuando fueron diagnosticados los primeros casos de pacientes con covid-19 en Venezuela, las visitas por parte de los familiares a los centros de reclusión estaban suspendidas.
Por más de seis meses, los privados de libertad no habían podido ver a sus relativos. Pero eso podría cambiar, de acuerdo con un documento firmado por la nueva ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras.
La circular Nº 002, con fecha del 16 de septiembre de este año, plantea la flexibilización del régimen de visitas a los centros de detención preventiva.
Para garantizar la manutención de las medidas sanitarias, se planteó establecer las siguientes medidas:
Solo 40 familiares diarios, 20 en la mañana y 20 en la tarde, los cuales deben acceder a los centros de detención de dos en dos cada cierto tiempo.
La visita será a través de una barrera transparente, velando por el cumplimiento de las medidas preventivas con el fin de evitar el contacto físico entre los familiares y la población privada de libertad.
Se debe informar con antelación, de acuerdo con el cronograma, a los familiares la fecha en la que les corresponde la visita, a fin de evitar en lo posible la aglomeración de personas.
Las visitas serán programadas durante toda la semana de flexibilización.
Dormir entre gusanos en un calabozo de Yaracuy
Para el 24 de agosto, se habían registrado 74 casos de covid-19 en calabozos policiales y 3 en cárceles venezolanas.
“Hasta ahora se han registrado 2 casos en Lara, uno en la policía del estado y otro en la Guardia Nacional; 4 en una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Miranda, 5 en Barinas, 9 en Táchira, ambas en la sede del Cicpc; y 54 en Nueva Esparta, de las cuales 36 son en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 17 en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB y 1 del que no se especificó en qué sede policial se encuentra”, señala el OVP.
Para Carolina Girón, se trata de una manera de “bajar la presión dentro de las cárceles, pues la incomunicación y el que los privados de libertad no puedan saber de sus familias está trayendo muchos problemas”. Sin embargo, está de acuerdo con la medida, pese a que haya diariamente un incremento de casos de covid-19.
“Eso lo están estableciendo en comunicados de diversos organismos de protección de derechos humanos, por tratarse de población vulnerable. Está establecido en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Deben cumplir los protocolos establecidos para el derecho a la visita. Ahora vamos a ver cómo lo ejecutan”, concluyó.
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