La Procuraduría de Colombia ha tenido que aplazar este jueves la audiencia disciplinaria preliminar contra los dos antiguos agentes de la Policía Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, que están acusados de un delito a título de dolo por la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, después de que ambos se negaran a dar su versión de los hechos alegando que no había podido tener acceso al expediente sancionador y a abogados «de confianza».
Europa Press
La muerte de Ordóñez desencadenó los días siguientes una ola de protestas por varios puntos del país, en especial en Bogotá, donde la labor policial volvió a quedar en entredicho tras la represión ejercida durante las protestas, en las que fallecieron una docena de personas y resultaron heridas más de 300.
El primer careo ante la Justicia –la sesión se volverá a retomar el próximo 5 de octubre– ha contado con la presencia de los dos detenidos a través de videoconferencia, al hallarse desde hace más de una semana en una cárcel del municipio de Facatativá, cerca de Bogotá, también en el departamento de Cudinamarca.
Los dos implicados han mostrado su deseo de no ser representados por sus respectivos abogados y han solicitado aplazar la sesión, una petición que les ha sido negada en un primer momento por la Procuraduría, que ha dicho que «no debe permitir maniobras dilatorias», publican medios colombianos.
En su exposición, la delegada de Policía Judicial, Aura Fajardo, ha recordado que Rodríguez y Lloreda «abordaron» a Ordóñez, quien «fue agredido con puños y patadas por parte de los policías», presentando una serie de documentos y material probatorio que incriminaría directamente a ambos, en especial las imágenes de las cámaras de vigilancia de la comisaría a la que Ordóñez fue trasladado y en la que siguió sufriendo agresiones.
Fajardo ha continuado con la reconstrucción de los hechos sucedidos aquella noche del 9 de septiembre para acabar señalando que la actuación de Lloreda durante la intervención policial fue «un acontecimiento reprochable» sin justificación alguna, por lo que se le acusa de un delito de imprudencia y de homicidio «a título provisional de dolo», pues habría actuado de manera deliberada.
En cuanto a Rodríguez, cuya suerte fue pareja a la de su compañero, Gajardo ha expuesto que «excedió los límites autorizados» y su «actuar no era estrictamente necesario ni legitimo, al estar esta persona ya controlada», lo que no evitó que ejerciera sobre la víctima «agresiones físicas a su humanidad», tal y como demuestran los vídeos.
Por su parte, Lloreda y Rodríguez rehusaron exponer su versión de los hechos, puesto que el primero no contaba con un abogado de confianza, mientras que el segundo alegó que el suyo no estaba presente tras tener que abandonar la sesión. Por ello, la Procuraduría decidió retomar la audiencia el próximo 5 de octubre.
La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de los cuerpos policiales, hasta el momento militarizado y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.
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La Procuraduría de Colombia ha tenido que aplazar este jueves la audiencia disciplinaria preliminar contra los dos antiguos agentes de la Policía Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, que están acusados de un delito a título de dolo por la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, después de que ambos se negaran a dar su versión de los hechos alegando que no había podido tener acceso al expediente sancionador y a abogados «de confianza».
Europa Press
La muerte de Ordóñez desencadenó los días siguientes una ola de protestas por varios puntos del país, en especial en Bogotá, donde la labor policial volvió a quedar en entredicho tras la represión ejercida durante las protestas, en las que fallecieron una docena de personas y resultaron heridas más de 300.
El primer careo ante la Justicia –la sesión se volverá a retomar el próximo 5 de octubre– ha contado con la presencia de los dos detenidos a través de videoconferencia, al hallarse desde hace más de una semana en una cárcel del municipio de Facatativá, cerca de Bogotá, también en el departamento de Cudinamarca.
Los dos implicados han mostrado su deseo de no ser representados por sus respectivos abogados y han solicitado aplazar la sesión, una petición que les ha sido negada en un primer momento por la Procuraduría, que ha dicho que «no debe permitir maniobras dilatorias», publican medios colombianos.
En su exposición, la delegada de Policía Judicial, Aura Fajardo, ha recordado que Rodríguez y Lloreda «abordaron» a Ordóñez, quien «fue agredido con puños y patadas por parte de los policías», presentando una serie de documentos y material probatorio que incriminaría directamente a ambos, en especial las imágenes de las cámaras de vigilancia de la comisaría a la que Ordóñez fue trasladado y en la que siguió sufriendo agresiones.
Fajardo ha continuado con la reconstrucción de los hechos sucedidos aquella noche del 9 de septiembre para acabar señalando que la actuación de Lloreda durante la intervención policial fue «un acontecimiento reprochable» sin justificación alguna, por lo que se le acusa de un delito de imprudencia y de homicidio «a título provisional de dolo», pues habría actuado de manera deliberada.
En cuanto a Rodríguez, cuya suerte fue pareja a la de su compañero, Gajardo ha expuesto que «excedió los límites autorizados» y su «actuar no era estrictamente necesario ni legitimo, al estar esta persona ya controlada», lo que no evitó que ejerciera sobre la víctima «agresiones físicas a su humanidad», tal y como demuestran los vídeos.
Por su parte, Lloreda y Rodríguez rehusaron exponer su versión de los hechos, puesto que el primero no contaba con un abogado de confianza, mientras que el segundo alegó que el suyo no estaba presente tras tener que abandonar la sesión. Por ello, la Procuraduría decidió retomar la audiencia el próximo 5 de octubre.
La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de los cuerpos policiales, hasta el momento militarizado y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.
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