Las universidades privadas explican que ante la exacerbación de la crisis del país, han tenido que aumentar la población de becados. Cada mes un estudiante debe pagar entre 120 dólares y 260 dólares. Sin embargo, las instituciones no registran un comportamiento atípico en los indicadores estadísticos sobre estudiantes retirados por no tener cómo pagar la matrícula.
Carmen Victoria Inojosa | Crónica Uno
Dentro de 13 días María Fernanda Coronado, de 20 años de edad, debería comenzar a cursar el tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Pero no sabe si podrá iniciarlo.
María Fernanda tiene una ayuda económica que le otorgó la UCAB desde que comenzó a estudiar. Esta beca le exonera 60 % de la matrícula. El 40 % restante corre por su cuenta. El 16 de octubre vence el plazo para pagarlo, de no hacerlo, le eliminarían las materias del sistema o el profesor no podría cargar sus notas.
“De verdad que ha sido bastante difícil reunir el dinero, a pesar de que tengo una beca”, dice. La unidad de crédito cuesta 2,3 millones de bolívares. María Fernanda inscribió 27, serían 62,1 millones de bolívares. Eso es lo que cuesta un mes en la universidad, ese monto se debe pagar en octubre, noviembre y diciembre, además de la inscripción; otras 7,5 unidades de créditos. En enero serán otros montos para los meses que quedan del semestre. Aun con la exoneración, le hacen falta unos 200 dólares para completar su inscripción y parte de la matrícula.
Ya en el semestre anterior que cursó, comenzó en marzo y terminó en julio, le fue difícil conseguir el dinero. Justo al inicio de la cuarentena por el COVID-19 en marzo, su mamá se quedó sin trabajo, era supervisora de un supermercado y la empresa hizo reducción de personal. Su padrastro cubre los gastos del hogar, no quedan recursos para la matrícula. Para entonces, una amiga que vive en el exterior la ayudó a pagar el último día del plazo.
“Tengo miedo. Pero es un tema que se escapa de mis manos. Lo que yo más quiero es mi título. Si no sigo estudiando no es porque no quiera, es porque no puedo”, dice María Fernanda. De no poder continuar, lo intentará el próximo semestre. “Y así hasta que logre graduarme”.
La pérdida de la capacidad de pago de las familias ha estrechado su participación en la educación privada. Datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) revelan que la población escolarizada, de 18 a 24 años de edad, en instituciones privadas, cayó a 21 % en 2019. En 2017 ese porcentaje era 34 %.
Las universidades privadas consultadas reconocen el deterioro en el poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, no tienen un reporte atípico de estudiantes retirados por razones económicas. La Universidad Metropolitana (Unimet), la Universidad Monteávila (UMA) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), coinciden en que los estudiantes salen por bajo desempeño académico o reglamento de permanencia, migración y, en algunos casos, situación económica. Entre los indicadores estadísticos de estas instituciones, no hay cifras concretas sobre cuántos estudiantes han dejado de inscribirse por no tener cómo pagar.
“Tenemos una premisa: nadie debe salir de la universidad por una razón de índole socioeconómico. No permitimos que nadie se nos vaya sin darle un apoyo, un bastón para que pueda continuar”, afirma Mary Carmen Lombao, vicerrectora académica de la Unimet.
En la UMA, su secretaria general, Ana Beatriz Monteverde, también asegura que la institución evita que los estudiantes se vayan por motivos económicos: “Si notamos que esa es la razón, indagamos su situación, conversamos con el Comité de Becas y Créditos para buscar algún tipo de apoyo”.
Para Gustavo García, vicerrector administrativo de la UCAB, las universidades privadas han tenido un reto adicional: ser inclusivas en este contexto económico y mantener la institución en medio de la crisis. Pero sí, cada vez son menos los que ingresan. “La universidad se ha estado haciendo más pequeña desde 2016”. De 14.000 que tuvieron en pregrado les quedan 9000. En cada período académico abandona el 10 % de los estudiantes.
La Encovi registró que la cobertura educativa entre la población de 18 a 24 años cayó a la mitad. En 2016 se atendía a 48 % de este grupo, para 2019 se redujo a 25 %. El panorama no es esperanzador, de 3,1 millones de personas de ese grupo etario, solo 775.000 asisten a la universidad. “Hay un retroceso enorme en el acceso a la educación entre la población de 18 a 24 años”, se lee en la encuesta.
En la Monteávila el ingreso de nuevos estudiantes ha disminuido. “Pensamos que debe ser el tema económico”, señala Monteverde. En el período académico 2018-2019 ingresaron 369 estudiantes, en el 2019-2020 ingresaron 281 y para este nuevo año 2020-2021 iniciaron 150.
La pérdida de estudiantes es relativamente baja en la Metropolitana, considera Lombao: 6 % intertrimestral, se trata de estudiantes activos que no que reinscriben el trimestre. En el trimestre que se inició en septiembre, tuvieron “una muy buena inscripción de nuevos estudiantes”. Lo atribuyen a la pandemia, jóvenes que esperaban salir del país y no pudieron hacerlo. “No es un indicador en el cual podamos sentirnos tranquilos. Estamos manejándonos en una gran incertidumbre”.
En las redes sociales en las últimas semanas se han vuelto virales casos de estudiantes que dicen no poder pagar la universidad, otros piden ayuda y están los que se muestran sorprendidos por el precio de la matrícula. La dolarización en el sector educativo, al igual que en otros servicios en Venezuela, está íntimamente ligada con la pérdida de valor del bolívar, golpeada por la hiperinflación.
En la Unimet cada materia cuesta 65 dólares y se paga por mes, por lo que un trimestre con cuatro asignaturas serían 780 dólares. En la UMA la mensualidad de este año académico 2020-2021 son 150 dólares. En la UCAB el pago mensual del semestre está entre 120 dólares y 140 dólares.
“Por ahora no estoy estudiando”
Victoria León, de 21 años, no ha vuelto a inscribir un trimestre en la Unimet desde que se inició la cuarentena en marzo. Ese mes, la beca que le otorgó la universidad, venció. Esta ayuda económica le exoneraba 75 % de la matrícula, el porcentaje restante, lo pagaba una empresa de repuestos que ayudaba a Victoria.
“Con todo lo de la cuarentena la empresa no pudo pagar la matrícula. Así que por ahora no estoy estudiando”, dice Victoria. La empresa le ha dicho que al generar ventas y al retomar las actividades económicas, podrá seguir ayudándola.
Victoria es estudiante de Ingeniería Civil, ha cursado ocho trimestres de la carrera. Desde que entró a la universidad ha contado con ayudas económicas, de lo contrario, no sería posible su inscripción en la Unimet.
Ha pensado en emprender, vender productos cosméticos o comenzar a inscribir entre dos y tres materias para disminuir el costo de la matrícula. “Ahorita mi mamá tiene lo justo para mantener la casa y ya. Es imposible pagar un cuarto de matrícula, si así lo quisiera”, explica Victoria. Espera solicitar ayudas o beca trabajo en la universidad.
A la par de la crisis económica en el país la demanda en ayudas económicas en las universidades ha aumentando considerablemente. La Unimet tiene becada a 30 % de su población estudiantil con algún porcentaje de exoneración de la matrícula. Al inicio tenían solo un programa de beca, con la exacerbación de la crisis, han generado otros 14 planes para aliviar y acompañar económicamente al estudiante.
No es diferente la situación en la UMA. Monteverde dice que tras la gran cantidad de personas que se acercan al Comité de Becas solicitando apoyo, ha aumentado la población de becados. En 2018-2019; 19,30 % de los estudiantes recibían algún tipo de exoneración, este porcentaje aumentó a 25,80 % en el período 2020-2021.
“Antes los estudiantes que solicitaban becas eran sobre todo muchachos que tenían una condición en la cual la familia no tenía muchos ingresos, pero estamos viendo que quienes regularmente no pedían ayuda, se acercan pidiendo algún tipo de exoneración porque a todos la situación les ha ido afectando”, cuenta Monteverde.
En la actualidad 53 % de los estudiantes de la UCAB, dice García, están becados. En 2016 era 20 %. Los porcentajes de exoneración de la matrícula también se han incrementado. Hace cuatro años una beca promedio era de 30 %, ahora es 60 %.
“La universidad está al límite de lo que puede hacer en este sentido. Más bien la universidad debería ir tomando decisiones que contribuyan a tratar de llevar eso a niveles que sean manejables. Por el momento ha sido la única forma de lidiar con estas condiciones de contexto”, asegura García.
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