La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señaló que el instrumento aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente enfrenta serias limitaciones constitucionales y legales. Consideró que el texto de la “Ley Antibloqueo” es una admisión de que Nicolás Maduro pasa por encima de la Carta Magna cuando en el país se necesita transparencia, controles anticorrupción y protección de lo público. Indicó que una estrategia de desarrollo debe ser una discusión de todos y no de una sola persona, tenga el cargo que tenga.
“Ya no nos rinden cuentas, no nos dicen cuánto dinero manejan, en qué lo gastan y con la ley que aprobaron lo que nos dicen es que ni siquiera nos lo van a seguir diciendo en el futuro”, aseveró la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, en referencia a la aprobación de la llamada “Ley Antibloqueo”.
La representante de la asociación civil sin fines de lucro, fundada en 2004 como el capítulo en el país de Transparencia Internacional para la lucha contra la corrupción, señaló a la Contraloría como uno de los entes “responsables del saqueo de la nación y de la crisis”, por lo que no cree en que esta sea capaz de cumplir con su función de vigilancia y control de los gastos de la administración pública en los actos que surjan bajo el amparo de ese texto.
-¿Qué implicaciones tendrá para el país la aplicación de la llamada “Ley Antibloqueo”?
-Es una ley, bueno es un instrumento, no le puedo decir ni ley, primero que aprueba una Asamblea Nacional Constituyente que carece de legitimidad, que por lo que nosotros podemos ver, intenta darle aún más poder a Nicolás Maduro, cosa que ya no se puede porque la Constitución tiene limitaciones importantes para eso. Esas limitaciones además ya han sido superadas por las leyes de emergencia, que ya llevamos como 15, y además por la Ley de Alarma por el coronavirus. Esas leyes de emergencia eran muy generales también, no tenían, como debería ser, unas limitaciones claras acerca de que se le estaba dando poderes extraordinarios al presidente. No he visto nada que sea positivo de esa ley. Por un lado, habla de un margen de discrecionalidad, de arbitrariedad en su aplicación porque desaplicar leyes o desaplicar decisiones, sentencias del Tribunal Supremo es una cosa que no se puede hacer a la ligera. El país tenía que haber discutido muchísimo más y, por supuesto, tendría que haberse preparado un instrumento de otro tipo y además lo tenía que haber aprobado la Asamblea Nacional. Si como se dice ese instrumento lo que pretende es darle poder al presidente para que abra procesos de inclusión del sector privado en el sector petrolero, esa Ley se enfrenta a serias limitaciones constitucionales y legales. Pasa por encima de muchas cosas.
-¿Cómo evalúa esta posibilidad de que se declaren como confidenciales algunas informaciones?
-Lo que a nosotros más nos preocupa precisamente es la absoluta arbitrariedad, opacidad y decisión unívoca en manos de una sola persona de decisiones muy importantes que además históricamente han costado mucho a las repúblicas, no solamente a Venezuela, sino a todos los países que han abierto procesos llamados de privatización en los que lo que debería ocurrir es todo lo contrario. Si se quiere privatizar sectores importantes porque el país no cuenta con recursos para desarrollarlos, lo primero que se debería crear es un sistema absolutamente transparente en donde sepamos exactamente cuál es la situación de cada uno de esos bienes que se quisiera poner a la atención de particulares, cosa que en estos momentos no sabemos. Hay un gran secreto detrás de todo lo que es propiedad del Estado. Por no ir más lejos, ni siquiera sabemos cuántas empresas propiedad del Estado hay, no sabemos quiénes son los miembros de las juntas directivas de esas empresas. Nosotros hacemos un esfuerzo gigante por ir actualizando nuestra base de datos de empresas propiedad del Estado y las colocamos en nuestra página de bases de datos abierta Vendata.org. Ese esfuerzo lo hacemos todos los días, estamos detrás buscando información y no tenemos ni siquiera 50% de las juntas directivas de las empresas propiedad del Estado que hemos identificado hasta ahora, seguramente hay más. Si nosotros no sabemos cuál es el estatus, cuál es la situación financiera, económica; cuáles son los bienes; quién es la directiva; cuál es el nivel de solvencia económica; cuál es la producción; quiénes son los clientes; si nosotros no tenemos información de las empresas propiedad del Estado y de los bienes que maneja el Estado venezolano, si esa tarea no está hecha, poco podemos pensar en avanzar, en abrir a la participación de privados en esos sectores.
-¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para esa apertura al sector privado?
-Primero, el Estado debería asumir con seriedad la protección de lo público y decir qué es lo que tenemos, en qué situación está y cuáles son las prioridades en las que se va a abrir a la participación de capital privado, particular, internacional, porque pueden ser empresas públicas de otros países, de otros capitales. Nosotros necesitaríamos además conocer cuáles son las ofertas, el país tiene que discutir eso, la estrategia de desarrollo tiene que ser una cosa que discuta el país, no puede ser una decisión de una sola persona que tenga cualquier cargo, sea el cargo que sea. No puede ser discusión de una sola persona o de un pequeño grupo de personas. ¿Por qué se van a abrir esos sectores?, ¿por qué otros no?, ¿a quién se le va a dar prioridad?, ¿cuánto y qué se espera de los recursos que se reciban, suponiendo que se venda algo?, ¿cuáles son las condiciones para esa inversión en Venezuela?, ¿cuál es la condición, si viene capital extranjero y compra una parte de Pequiven, digamos?, ¿cómo se va a manejar ese capital extranjero?, ¿cuáles son las condiciones de ese capital? Hace falta dar muchos pasos de transparencia, de control de riesgos, de corrupción, de saber quién va a manejar esos bienes, a quién se les van a asignar y por otra parte ese instrumento legal que llaman “Ley Antibloqueo” tendría que ser mucho más rigurosa. Darle el nombre de una “Ley Antibloqueo” a un instrumento legal que lo que pretende es darle más poder al presidente para deshacerse de bienes del Estado, primero no debería llamarse así. Debería llamarse Ley de Desarrollo, Ley de las Promociones para el Desarrollo de Venezuela, no “Ley Antibloqueo”. Nosotros no jugamos con los bienes públicos, los bienes públicos no son para jugar en asuntos políticos partidistas particulares de un momento, de un solo gobierno. Hay que pensar en el país como nación que tiene que pensar en su futuro. Las dudas sobre las intenciones que se tiene con esa Ley son muchísimas, son muy preocupantes, entendiendo además que el Gobierno viene haciendo ya lo que pretende hacer con esa Ley porque se sabe que hay puertos que ya se han entregado al sector privado. Hay sectores, empresas, grupos que se habían expropiado que se están tratando de entregar a los dueños anteriores hace tiempo. Ahora sale esta Ley como si el presidente no hubiera estado haciendo lo mismo sin esa ley.
-¿Igual no es peligroso que ya esté plasmado en ese instrumento que Nicolás Maduro puede hacer todo lo que ya ha hecho y más?
-Sí, es más peligroso si crees que es una ley, pero si tú crees que la Asamblea Nacional Constituyente no genera leyes porque no es legítima y no está aceptada por una importante mayoría de los venezolanos… En este país todo es irregular. Para mí más bien lo que ese instrumento dice es que pone en blanco y negro la condición del gobierno de Maduro, en relación a que acepta hasta poner en papel que el presidente haga lo que le da la gana por encima de los venezolanos, que puede pasar por encima de la Constitución. En esa ley lo que dicen es que Nicolás Maduro puede pasar por encima de la Constitución. Es aceptar lo que muchos estamos diciendo de la falta de apego a la Constitución, de la necesidad de mayor transparencia, de la necesidad de controles anticorrupción, de protección de lo público en beneficio de todos y no de una parcialidad. Esa ley es más bien una evidencia del abuso absoluto que tiene el gobierno de Maduro sobre los recursos públicos de Venezuela.
-¿Cómo evalúa el manejo de los recursos públicos y de las empresas del Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro hasta ahora?
-Nosotros que hacemos seguimiento del presupuesto nacional, los milagros que hacemos para conseguir el presupuesto y después todo el trabajo gigantesco que hacemos para hacerle seguimiento a los créditos adicionales, que se aprueban todos los meses. Pudimos identificar que 62% del dinero que se aprobó para el año pasado más los créditos adicionales fueron para el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Es una empresa propiedad del Estado y no tiene las rigurosidades de transparencia de rendición de cuentas que tiene el resto de las instancias de Estado. La Contraloría, por ejemplo, no tiene un control tan grande, tan claro, sobre las empresas propiedad del Estado; tienen unos niveles de autonomía por fuera de los sistemas de contraloría muy grandes, pueden manejar esos fondos de dinero sin un presupuesto aprobado. Pensar que 62% del presupuesto nacional fue manejado con absoluta irregularidad y el resto también porque no sabemos nada de la ejecución, pero que una empresa propiedad del Estado manejó 62% de los recursos del año de un país, una empresa propiedad del Estado de la cual no sabemos nada porque es absoluto secreto todo lo que tiene que ver con Fonden, con Bandes o con ese tipo de fondos; lo que dice es que el país ya no es de los venezolanos, el país es de Nicolás Maduro y su grupo de amigos. Ya no nos rinden cuentas, no nos dicen qué hacen con el dinero, no nos dicen cuánto dinero manejan, en qué lo gastan y con la Ley que aprobaron lo que nos están diciendo es que ni siquiera nos lo van a seguir diciendo en el futuro. Es una absoluta irresponsabilidad y es un abuso, es el control de todo lo que es de nosotros en manos de un grupo pequeño que hace lo que le da la gana.
-¿Cómo ha sido el papel de la Contraloría? Ahora en la “Ley Antibloqueo” se señala que todos los actos públicos quedan sometidos al control posterior de este ente, y que el Consejo de Estado debe supervisar y hacer seguimiento de dicho instrumento.
-Ese Consejo de Estado será lo mismo, un brazo para decir que sí a todo lo que necesite el grupo en el poder. La Contraloría ha sido uno de los cuerpos responsables del saqueo de la nación y de la crisis que tenemos. Nosotros estamos seguros, tenemos todas las evidencias, hemos publicado informes de todo tipo y seguimos haciendo investigaciones que muestran cada día más claramente que la corrupción es la causa de la crisis humanitaria y la Contraloría es la responsable porque no cumplió su papel desde hace décadas. La Contraloría no ha hecho lo que tenía que hacer para proteger lo público, para denunciar los abusos, para señalar y sancionar, para llevar casos a la Fiscalía, para prohibir toda la opacidad que se ha ido legalizando a lo largo de estos años. La Contraloría tiene una gran responsabilidad en la destrucción de la nación.
-¿Qué opciones tienen los venezolanos dentro y fuera del país para dejar constancia de las irregularidades que se pueden cometer con la “Ley Antibloqueo”, y para que las acciones que se hagan bajo el amparo de ese texto no signifiquen en el futuro la pérdida de nuestro patrimonio?
-Los venezolanos debemos levantar la voz y decirle al mundo que todos esos procesos que se abran a través de una ley que de una manera tan burda pretende pasar por encima del derecho de todos y del Estado de derecho venezolano no es legítimo, no es ni legal y en el futuro los venezolanos vamos a reclamar a todo el que quiera ser cómplice de tamaño abuso. Esa voz la deberíamos levantar todos los venezolanos, de todos los partidos, de todos los sectores, de izquierda, derecha, centro, sin distingo ideológico porque lo que está en juego es el patrimonio de los venezolanos.
-¿Qué tiene planteado hacer Transparencia Venezuela al respecto?
-Estamos generando más información, queremos crear espacios de discusión sobre esto precisamente para pensar hasta dónde puede llegar la pérdida de lo público y la necesidad de protección. Seguiremos exigiendo transparencia y datos, información y por supuesto que la gente denuncie y envíe información y datos de cómo están realmente esas empresas; la gente que tiene acceso a datos, a informes que no tenemos acceso el resto de los mortales… Las empresas propiedad el Estado están casi todas quebradas, y las que no están quebradas están en sus mínimos históricos, empresas que eran referencia internacional ya no producen bienes, no generan recursos para el Tesoro Nacional porque no generan impuestos ni tienen beneficios, es un peso para la República porque las tiene que mantener el Estado a través del presupuesto nacional. Las empresas están quebradas. En vez de generar un espacio, una política de desarrollo y pensar en cómo atraer capitales serios, capitales que sepan, capitales que puedan contribuir con tecnología, con gerencia, con mercados, con negocios, pero hacerlo en función de las necesidades del país, hacer una propuesta abierta, clara, donde todos participemos, pues se hace todo lo contrario. Estamos en la vía contraria, en aumentar la crisis que ya tenemos.
-¿La población realmente tiene conciencia de la gravedad de lo que ocurre con los recursos públicos?
-Creo que hay un gran sector que sí y lo veo porque nosotros promovimos la Coalición Anticorrupción en noviembre pasado y ya hay 777 organizaciones que se han incorporado. Eso quiere decir que hay mucha gente que lo tiene muy claro. Ahora, el venezolano común lo que está es preocupado, tratando de resolver la comida de este día, la luz, el agua, el colegio del chamo. Hay demasiados problemas como para que el venezolano común, que no tiene resuelto lo básico, tenga tiempo para pensar en “Ley Antibloqueo” y todo lo demás, cuando no tiene resuelta la vida, el día a día, el protegerse del coronavirus, pero tener que salir a trabajar.
Con información de Vanessa García | La Gran Aldea
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