La Cámara de industriales en el estado Lara rechazó la Ley antibloqueo aprobada por el régimen de Nicolás Maduro, pues consideran que esta nueva normativa no está apegada a la constitución de Venezuela y carece requisitos legales.
En el comunicado, los empresarios aseguraron que este instrumento jurídico pretende conferir al Estado facultades extraordinarias con la más alta discrecionalidad.
“Este instrumento jurídico pretende conferir al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para contrarrestar el efecto de las sanciones internacionales, como si estas fueran la causa de la grave crisis económica y social, en ningún articulado se aprecia una voluntad de enmienda a las nefastas políticas económicas que son las verdaderas raíces de la problemática que hoy día aqueja al venezolano. Conjuntamente con el Estado de Excepción por Emergencia Económica otorga al poder ejecutivo facultades extraordinarias que tal como se ha demostrado vienen aplicadas con la más alta discrecionalidad”, dice parte del comunicado.
En el documento también aseguran que la administración de Maduro “se ha dedicado a construir un cerco cada día más asfixiante al aparato productivo nacional, causando la desaparición de un gran porcentaje de industrias y el volcamiento de la población activa hacia actividades informales no amparadas por la seguridad social”.
A continuación el comunicado íntegro:
La Cámara de industriales del estado Lara, emite el siguiente comunicado en rechazo a la normativa aprobada en la denominada “Norma Antibloqueo”, instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, con procedimientos no apegados a la Constitución vigente y por lo tanto carente de los requisitos legales establecidos para formar parte del conjunto de Leyes que conforman el ordenamiento legal de nuestra República.
De acuerdo a los considerandos, este instrumento jurídico pretende conferir al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para contrarrestar el efecto de las sanciones internacionales, como si estas fueran la causa de la grave crisis económica y social, en ningún articulado se aprecia una voluntad de enmienda a las nefastas políticas económicas que son las verdaderas raíces de la problemática que hoy día aqueja al venezolano.
Conjuntamente con el Estado de Excepción por Emergencia Económica otorga al poder ejecutivo facultades extraordinarias que tal como se ha demostrado vienen aplicadas con la más alta discrecionalidad. Como Gremio representante de la industria larense, sector económico este, que ha visto mermar drásticamente su capacidad productiva a causa de leyes y normativas equivocadas y persistentes, dictadas a lo largo de los últimos años por autoridades nacionales que, lejos de estimular el desarrollo, la sana competencia, la inversión privada, la producción nacional, el empleo decente y bien remunerado, se han dedicado a construir un cerco cada día más asfixiante al aparato productivo nacional, causando la desaparición de un gran porcentaje de industrias y el volcamiento de la población activa hacia actividades informales no amparadas por la seguridad social, creemos que más intervención unilateral del estado, lejos de resolver, agravaría la ya crítica situación social y económica que vivimos los venezolanos.
El instrumento “legal” en referencia, colocándose por encima del ordenamiento jurídico vigente, concede poderes extraordinarios al Ejecutivo Nacional en los ineludibles procesos de reprivatización de empresas que en su momento fueron expropiadas expoliadas o confiscadas para luego llegar a su cierre. Consideramos que estos procesos, necesarios y fundamentales, destinados a restituir la participación del sector privado, deben de llevarse a cabo con extrema transparencia, con un acuerdo básico entre gobierno y sectores empresariales, primero nacionales y luego foráneos.
Lamentablemente por la experiencia vivida sabemos que este instrumento, inconstitucional, insertado en un Estado de Excepción por Emergencia Económica pretende obviar todo tipo de consulta y autorizar al Gobierno Nacional para que actúe sin controles en la disposición de bienes, actividades y empresas de la República. Por las razones expuestas, La Cámara de Industriales del Estado Lara, Estado que ha sufrido, como el País entero, la embestida de la arbitrariedad gubernamental, nos sumamos a nuestro organismo cúpula, Conindustria, e invocamos la nulidad de la citada “Norma”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la Nación y en especial para las empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales.
Con su aprobación, se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela Acciones de este tipo no nos amilanan, ni mucho menos revertirán las esperanzas de quienes nos atrevemos a continuar soñando con una nación próspera y productiva, para lo cual seguiremos luchando en la conquista de libertades económicas, el impulso al emprendimiento y la búsqueda de una mejor calidad de vida y bienestar para los venezolanos.
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