Una corte de cuentas salvadoreña señaló en febrero una serie de irregularidades administrativas durante la gestión del presidente Nayib Bukele como alcalde de la capital (2015-2018) por más de 3 millones de dólares, sin que se conozca si el proceso avanzó en medio de la pandemia, según medios locales.
EFE
Los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y El Mundo publicaron este miércoles que la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) señaló en febrero pasado una serie de «reparos» en la puesta en marcha de un mercado municipal, de acuerdo con un proceso de investigación administrativo.
Estos medios hacen eco de un documento de la referida cámara que se filtró en la red social Twitter y cuya veracidad no ha sido desmentida por la Corte de Cuentas.
Además del mandatario, que gobernó la capital bajo la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entre los funcionarios que enfrentan el juicio de cuentas -proceso administrativo- están el actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el ministro de Gobernación, Mario Durán.
Durán también es candidato a la alcaldía de San Salvador para las elecciones de febrero de 2021 con el partido Nuevas Ideas, fundado por un movimiento de Bukele y dirigido por un familiar del mandatario.
El documento señala que los reparos y la responsabilidad patrimonial en la puesta en marcha del Mercado Cuscatlán, uno de los proyectos insignia de Bukele en su etapa de alcalde, suman 3.096.225,85 dólares.
Entre los señalamientos se encuentran los «pagos en exceso por canon de arrendamiento» que ascendió a 96.050 dólares mensuales, cuando el valúo de inmueble indicaba que su alquiler debía costar 94.141,04 dólares, con lo que se pagó un excedente de 1.032.955,75 dólares.
La Corte de Cuentas también habría detectado que la Alcaldía pagó durante 11 meses el alquiler del inmueble sin que esté fuera utilizado, lo que representó un pago de 1.056.550 dólares.
En el referido documento se dan 15 días para que Bukele y los otros funcionarios señalados «hagan uso de su derecho a la defensa» mediante un escrito.
Se desconoce si el mandatario, que no ha reaccionado a las publicaciones, y el resto de señalados respondieron o si se frenó el proceso por la pandemia de la COVID-19.
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