El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este domingo en entrevista con El Mercurio que en el país «no hay presos políticos» y analizó su último periodo de Gobierno al que calificó como «el año más difícil de su vida».
EFE
Consultado sobre el proyecto de acuerdo impulsado por un sector de la oposición que buscaba indultar a los detenidos durante las protestas de 2019, Piñera aseguró que «el Gobierno no toma preso a nadie» y que liberarlos sería «pasar por encima de los tribunales de justicia».
«El que comete un delito violento tiene que asumir sus responsabilidades y consecuencias», agregó el mandatario.
Desde octubre del año pasado, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.
Sobre el proceso constituyente que abrió formalmente la aplastante votación en favor de cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet (1973-1990), con casi un 80 % de las preferencias, el mandatario recalcó la necesidad de «reducir la incertidumbre».
Explicó que a su sector le interesa que la nueva Carta Fundamental «recoja valores esenciales, como la vida, la dignidad humana», entre otros que aseguró se ven «amenazados».
«Somos partidarios de que consagre derechos como la igualdad ante la ley, garantice salud, educación, pensión, vivienda, igualdad entre hombres y mujeres, proteja el derecho a la propiedad y dé garantías en materia de orden público y protección del medio ambiente», añadió.
A juicio de Piñera, los derechos sociales «no son una bandera de la izquierda. Algunos en la oposición quieren que el Estado monopolice lo público y excluya a la sociedad civil».
Por otro lado, el mandatario negó la tesis de miembros de su sector, que aseguran que el 18 de octubre pasado hubo un golpe de Estado y el poder pasó al Congreso.
«Estoy en total desacuerdo. No hubo un golpe de Estado (…) El 18 de octubre hubo una ola de violencia brutal que causó daño al cuerpo y alma del país y que hemos combatido con los instrumentos que nos otorga la ley», respondió.
Sobre el respaldo que el Gobierno ha entregado a Carabineros durante este periodo, Piñera afirmó que se trata de «una institución absolutamente necesaria para la democracia» y que «algunos de ellos no respetan normas, protocolos, cometen atropellos a los derechos humanos y deben ser investigados por la fiscalía y juzgados por los tribunales».
A la fecha, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, pero solo 75 agentes han sido imputados.
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