Entre los meses de marzo a septiembre de 2020 una cantidad de 5 personas fueron asesinadas y otras 442 fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país. Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena.
Por PROVEA
En detrimento del ejercicio y disfrute de derechos, la respuesta al Covid-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica.
Los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país.
La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de Cuarentena y distanciamiento social, ante la falta de los reglamentos que debían detallar la implementación de los establecido en el decreto de estado de alarma, ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos. Esta ambigüedad ha generado múltiples irregularidades, dentro de las cuales se incluyen denuncias de corrupción y extorsión por parte de funcionarios militares y policiales a ciudades que habrían vulnerado las medidas sanitarias.
El decreto se ha prorrogado en 4 ocasiones por el Ejecutivo, a pesar que la Constitución establece que sólo puede hacerse por 30 días adicionales luego de la aprobación de la Asamblea Nacional. De espaldas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud el abordaje de las autoridades a la pandemia ha sido unilaterial, sin incluir a los sectores del país que pudieron haber aportado para el diseño de la mejor respuesta posible al Coronavirus, con los recursos y capacidades disponibles.
La grave crisis de servicios básicos, el retroceso de la capacidad adquisitiva y la escasez de gasolina ha convertido a las viviendas de los venezolanos en inseguras para cumplir a cabalidad las medidas de distanciamiento social. Debido a su impacto mediático, Caracas ha continuado siendo privilegiada, respecto al resto del país, en el acceso al servicio de electricidad, agua, gas doméstico y telefonía móvil.
Otras situaciones de contexto durante el semestre fue la realización de la llamada “Operación Gedeón”, donde un grupo de militares disidentes exiliados intentaron ingresar al país para realizar acciones insurreccionales. A comienzos de abril un grupo de migrantes venezolanos comenzaron a retornar a Venezuela, de manera precaria, sin que se cumplieran protocolos sanitarios en su recepción. Altos voceros del Ejecutivo realizaron declaraciones xenofóbicas, donde se les acuso de ser “bioterroristas”, generando un entorno propicio para los abusos verbales y físicos contra ellos. A pesar de la crisis pandémica, se continuó promoviendo la realización de elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de 2020, a pesar de las diferentes anormalidades en el proceso, que fueron alertadas por la propia comunidad internacional, incluyendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El presente informe centra su atención en dos violaciones a los derechos civiles y políticos ocurridas en los 6 primeros meses del estado de alarma: Las detenciones arbitrarias y las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica. Las medidas de cuarentena han aumentado los obstáculos para la corroboración de información y la documentación en materia de derechos humanos. Los datos incluidos han sido verificados luego del contraste de diferentes fuentes, publicaciones en redes sociales y los datos levantados por defensores de derechos humanos en las diferentes localidades. Han sido excluidos las personas detenidas como consecuencia de la llamada “Operación Gedeón”, que a juicio de Provea y Laboratorio de Paz ameritan un documento especial aparte. Advertimos que la situación de distanciamiento social aumenta el margen de subregistro sobre las posibles cifras reales.
Hablamos de detenciones arbitrarias cuando ocurren privaciones de libertad que no cumplen con el debido proceso establecido por las leyes, por lo que las motivaciones son diferentes a la real comisión de un delito. Las leyes venezolanas indican que una persona puede ser detenida cuando existe la orden de un tribunal o es encontrada en flagrancia cometiendo un acto penalizado como ilegal.
Durante el primer semestre del estado de alarma en el país ocurrieron por lo menos 159 detenciones arbitrarias, de las cuales 108 casos (el 67.5%) ocurrieron en los primeros tres meses. El único estado donde no se registraron detenciones fue Amazonas. EL Distrito Capital concentró 34 casos, el 21.25% de la totalidad. Desagregadas por género 38 casos (24%) fue contra mujeres.
Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias fueron la Guardia Nacional Bolivariana (34 casos), las Fuerzas de Acciones Especiales (17 casos) y la División General de Comtrainteligencia Militar (17 casos). Se registraron 2 casos de detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la GNB y Colectivos. En total, 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron en las detenciones arbitrarias.
Los perfiles de las personas detenidas sugieren las motivaciones de su privación de libertad. Al menos 59 detenciones arbitrarias ocurrieron contra periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación, representando respecto al total un 37.10%. Por otra parte, se registraron al menos 33 detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos, para un 20.7% del total. El tercer perfil con mayor cantidad de detenciones arbitrarias fueron los médicos, médicas, enfermeros y personal vinculado al sector salud, con 25 privaciones arbitrarias de la libertad, un 13.5% respecto a los datos globales. 10 trabajadores y/o sindicalistas también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal.
Sobre los hechos que motivaron la acción al menos 17 personas fueron detenidas por dar información, denuncias y visibilizar situaciones relacionadas con la pandemia Covid-19. Adicionalmente, al menos 13 personas fueron detenidas arbitrariamente por grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones de servicio.
En el patrón relativo a las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica tenemos que el gobierno realizó una estrategia que denominó “Furia Bolivariana” para disuadir el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión, así como el de libertad de opinión e información. Luego de ser convocada a través de medios de comunicación por el propio Nicolás Maduro, en los dos primeros mese del estado de alarma se registraron 58 ataques contra residencias de personas, las cuales fueron vandalizadas con mensajes intimidatorios. La mañana siguiente del primer llamado, el 29 de marzo de 2020, 48 viviendas amanecieron vandalizadas, generando un importante efecto intimidatorio. Los ataques ocurrieron en 19 estados del país, lo que sugiere la capacidad de respuesta nacional en acciones de persecución y hostigamiento ordenadas por quien ejerce, de facto, el rol de presidente de la república.
Durante el primer semestre del estado de alarma ocurrieron 5 asesinatos en el contexto de manifestaciones, lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país. Las víctimas fueron Charlis Antonino Núñez (29), Rafael Hernández (21), Joe Luis Albornoz Paz (18), Carlos Enrique Chaparro (47) y Junior Enrique Chaparro.
En el período en estudio se registraron, por lo menos, 442 detenciones arbitrarias en protestas. La mayor cantidad, 168 casos, ocurrieron durante el primer mes. El 94% de los detenidos fueron hombres, mientras que el 6% mujeres. Desagregando por estado, tenemos que las mayores regiones con casos de detenciones arbitrarias en manifestaciones fueron Bolívar (57 casos), Zulia (49 casos) y Lara (46 casos). Comparativamente, en el Distrito Capital sólo ocurrieron 9 situaciones, al igual que en Miranda, con 9 casos. La Guardia Nacional Bolivariana, con 222 casos (50.2%), fue el organismo de seguridad responsable de la mayor cantidad de detenciones en protestas.
Provea y Laboratorio de Paz concluyen, a partir de los datos, que durante los primeros meses del estado de alarma las autoridades realizaron detenciones arbitrarias como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria. Esta política logró el objetivo mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en Venezuela, incrementando la censura y autocensura de líderes sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación e integrantes del gremio médico en el país. Con el Covid-19, la militarización y la política de seguridad nacional se ha recrudecido, manteniendo la política de persecución y acoso contra grupos denominados críticos, opositores por razones políticas. La llamada “ley de odio” se consolida como el instrumento para criminalizar, controlar y para informar sobre personas que hacen denuncias, criticas, protestan o informar. Se suma un montón de personas a juicios abiertos con casa por cárcel y violaciones y limitaciones a sus derechos.
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