Presentar proyectos de ley para ‘tocar’ el sueldo de los congresistas se volvió un lugar común en el Legislativo y, hasta el momento, también se volvió habitual que los propios congresistas hundan estas iniciativas.
Por EL TIEMPO
La idea de reducir el salario de los congresistas, que es un tema llamativo para la ciudadanía, se ha hecho de todas las formas posibles: una reducción directa por ley, el congelamiento del salario durante cuatro años o que los legisladores, en medio de la pandemia, renuncien a sus gastos de representación (cerca de 14 millones de pesos). El resultado ha sido el mismo: los proyectos se hunden.
El caso más reciente ocurrió con la reforma política, presentada en julio de este año por el senador liberal Luis Fernando Velasco, que contenía una disposición que congelaba el salario de los congresistas y los funcionarios que devengaran más de 15 salarios mínimos.
La propuesta se hundió por falta de tiempo, pues debía cumplir mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Senado y la Cámara, pero apenas se logró darle un debate y ya no le alcanza el tiempo.
En septiembre pasado, el intento fue hecho por los senadores Gustavo Bolívar y Rodrigo Lara, quienes propusieron, dentro del proyecto que regulaba las sesiones remotas, que los parlamentarios colombianos renunciaran a sus gastos de representación, pues como estaban sesionando desde la casa no requerían los más de 14 millones que se les otorgan para que puedan sufragar sus gastos por el hecho de permanecer en Bogotá.
Sin embargo, la propuesta generó muchas dudas entre una buena parte de la Comisión Primera del Senado. El senador por el Partido Liberal Fabio Amín pidió que se abriera el espacio para tramitarse impedimentos, tomando en cuenta que se trataba de una idea que toca el sueldo de los legisladores.
La senadora por el Partido Conservador Esperanza Andrade afirmó que “esa proposición viola el principio de consecutividad y de unidad de materia” al pretender incluirla en esta iniciativa. Al final la propuesta no prosperó.
Prueba de ello fue lo que ocurrió en noviembre del año pasado con un proyecto de reforma constitucional impulsado por la senadora de la Alianza Verde Claudia López, el cual buscaba bajar la mesada que reciben los legisladores «de 40 a 25 salarios mínimos”.
Todos impedidos
Más llamativo resultó el proyecto que buscaba congelarles el salario a los congresistas hasta 2022, y a partir de ese año, cuando ya llegan los nuevos legisladores, se les reducía “de inmediato” el ingreso a 25 salarios mínimos, es decir cerca de 22 millones de pesos. Hoy devengan poco más de 33 millones de pesos.
Alrededor de esta reforma constitucional, discutida a finales de 2018, se formó todo un enredo jurídico porque 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario.
Luego de ese espectáculo, de congresistas saliéndose uno tras otros para evitar votar la norma, se hizo una modificación al régimen de conflictos de interés y se determinó que, en esos casos, los congresistas solo se pueden declarar impedidos si una norma los beneficia, más no si los afecta.
No obstante, ni siquiera así se ha logrado que los congresistas se atrevan a ‘tocar’ su salario.
Además de los más de 33 millones de pesos mensuales, los congresistas reciben las primas de Navidad y vacaciones que se calculan sobre el salario básico.
Otros costos que asume el Congreso son los materiales y mantenimiento de sus oficinas, así como el pago de sus unidades de trabajo legislativo (UTL), que incluye hasta 10 empleados que deben sumar máximo 50 millones de pesos pagados por salario según el rango al que puedan aplicar.
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