Mientras el repudio y las denuncias de fraude en las elecciones parlamentarias realizadas el domingo en Venezuela se profundizaron en varios rincones del mundo Argentina todavía no se pronunció sobre el tema. En esos comicios se registró una fuerte abstención y además se acusó a Nicolás Maduro de poca transparencia democrática para tomar el control absoluto de la Asamblea Nacional, lo que hará que se profundice el enfrentamiento con la oposición que encabeza Juan Guaidó. Ante esta situación el Gobierno argentino todavía no emitió ningún comunicado al respecto.
Hay dos factores que explican el silencio argentino. El presidente Alberto Fernández no quiere repetir el culebrón desatado en octubre luego de que el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de Michelle Bachelet que prueba y condena la represión ilegal del chavismo en Venezuela. Seis días después de ese primer desaire, Naciones Unidas terminó aprobando una resolución con el apoyo del gobierno argentino y se originó un fuerte enfrentamiento interno en la cúpula del poder.
La otra cuestión que complica una definición es de política doméstica. Fernández y su canciller prácticamente no se dirigen la palabra desde la semana pasada, cuando Felipe Solá inventó parte de un diálogo con Joe Biden y provocó un escándalo diplomático en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El jefe de Estado decidió mantener al funcionario en el gabinete en medio de rumores y versiones que incluyen nombres de su futuro reemplazante, pero la relación está en su peor momento.
Estos dos elementos se suman a un escollo insalvable para el Poder Ejecutivo: el Presidente sabe que cualquier definición que adopte provocará enojos en la coalición gobernante, integrada por dirigentes que condenan la dictadura chavista y por otros -el kirchnerismo- que respaldan a Maduro incondicionalmente.
El régimen de Maduro retomará el control del Parlamento, que perdió en 2015 cuando la participación ciudadana llegó al 71%, en unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional. Según detalló el Gobierno chavista la participación ciudadana fue del 31%, lo que supone algo más de 5,2 millones de electores. La alianza oficialista venezolana del Gran Polo Patriótico (GPP), que incluye a todas las fuerzas chavistas, encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Nicolás Maduro, se impuso con el 67,6 % de los votos, de acuerdo a lo que informó este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta mañana, 18 países americanos a través de un comunicado conjunto declararon que las elecciones venezolanas carecen de legalidad y legitimidad.
Ese texto expresa: “Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, un grupo de países interesados por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, incluidos los miembros del Grupo de Lima y otros países comprometidos en apoyar el retorno de la democracia, declaramos lo siguiente:
1. Reiteramos que los comicios para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre, organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional.
2. Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.
3. Llamamos a los actores de toda Venezuela, de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”.
Antes de esta presentación, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, había sido uno de los primeros en calificar a los comicios como “un fraude y una farsa, no una elección”. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó que “el fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el ilegítimo régimen de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano”.
También la embajada virtual de EEUU en Venezuela describió a Maduro como un falso mandatario, que “celebra una farsa de elección para montar una asamblea nacional falsa”. En su cuenta de Twitter remarcaron: “Tenían el fraude preparado de hace meses con resultados convenidos, sin importar lo que pasara. Solo buscan fotos de votantes, no muestran cómo extorsionan, con votos forzados”.
Colombia, país limítrofe con Venezuela, publicó un comunicado a través de su cancillería en el que afirmó que “no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático”. Y amplió su visión crítica: “No es posible reconocer legitimidad a unos comicios que se llevaron a cabo sin la existencia de una autoridad electoral neutral, independiente y transparente, sin la participación de todas las fuerzas políticas, en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen, y que no tuvieron una observación electoral objetiva y fidedigna”. Las autoridades colombianas denunciaron que “el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca prolongar la usurpación del poder, y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive en Venezuela”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, había dicho un día antes de los comicios que no esperaba “nada” de las elecciones parlamentarias venezolanas. Y aseguró que Montevideo estaría dispuesto a colaborar en la búsqueda de una salida democrática cuando “exista realmente voluntad” de hacerlo por parte del Gobierno “dictatorial” de Nicolás Maduro. Por ese motivo, Uruguay no estuvo “activo” en el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela, integrado por países europeos y latinoamericanos, hasta que no vea “una respuesta seria” de parte del régimen de Maduro, señaló Bustillo en una entrevista con la agencia española de noticias EFE en Bruselas, donde estuvo durante tres días para intentar impulsar la firma del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur.
Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron este lunes los comicios y dijeron que impulsarán el “máximo consenso” con la oposición y los países de la región sobre el escenario que se abre hasta el 5 de enero, cuando finalice el mandato de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
“Tomaremos las consecuencias políticas de no reconocer la legitimidad de estas elecciones. (…) Nuestra idea, de aquí al 5 de enero, es tener el máximo consenso posible sobre la evaluación de las elecciones del 6 de diciembre y el estatus de la nueva Asamblea Nacional”, anticiparon fuentes europeas dos días antes del acto eleccionario.
La UE no reconocerá el resultado de los comicios porque considera que no cumplen los mínimos estándares democráticos y esa será la reacción de los jefes de la diplomacia cuando se reúnan este lunes en Bruselas, en un encuentro previsto de antemano, pese a celebrarse el día después de las elecciones legislativas.
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