Los fiscales encargados de llevar a cabo las diligencias sobre el dinero no declarado que el rey emérito de España, Juan Carlos I, recibió de un multimillonario mexicano a través de un testaferro, utilizado para pagar gastos personales del exmonarca y de otros miembros de su familia, han acordado seguir adelante con las pesquisas.
Tras una reunión mantenida este viernes, los fiscales han determinado analizar la regularización que el rey emérito ha realizado esta semana ante Hacienda y por la que ha abonado una deuda de 678.373 euros.
Una notificación el pasado mes de noviembre
Uno de los puntos clave es si esta regularización permite eludir el delito de fraude fiscal según las excepciones que recoge el Código Penal español.
La responsabilidad penal se extingue cuando el pago de la deuda se produce antes de que la Agencia Tributaria abra un expediente o de que la Fiscalía presente una querella. No obstante, la legislación también establece que se extingue «antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
En este sentido, el exmonarca fue notificado el pasado mes de noviembre de que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigaba su patrimonio. Ahora, se trata de dilucidar si esta notificación constituye o no ese «conocimiento formal» necesario para que el delito fiscal no sea eludible con la regularización.
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