Autoritarismo, represión, persecución y caos económico. Ese es el balance de la Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro le impuso a Venezuela en agosto de 2017. Todas las promesas que hizo en ocasión de su convocatoria se quedaron una vez más en el olvido. Ahora que Maduro tiene una nueva Asamblea Nacional a su gusto, disuelve la ANC que se va con mucha pena y sin ninguna gloria. Tal vez lo único que haya que agradecerle a sus miembros es lo que no hicieron: aprobar una nueva Constitución.
Pedro Benítez –ALnavío
Según se ha informado, este viernes 18 de diciembre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que Nicolás Maduro instaló en Caracas hace tres años y cuatro meses se disolverá.
Maduro justificó su cuestionada convocatoria en 2017 con tres argumentos: “lograr la paz y la justicia, transformando el Estado y cambiando todo lo que haya que cambiar. (…) establecer la seguridad jurídica y social para el pueblo y (…) perfeccionar y ampliar la Constitución pionera de 1999”.
El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, y luego miembro de ese cuerpo, aseguraba por esos días que la ANC buscaría modificar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico.
“Básicamente es adicionar los programas sociales, las conquistas sociales, la reorganización del Estado, entre otros aspectos”, aseguró.
Los más entusiastas partidarios de Maduro ofrecieron “constitucionalizar” las misiones y los programas sociales del chavismo.
Nunca quedó claro si la Constituyente redactaría una nueva Constitución que reemplazara a la de 1999. Algo bastante extraño puesto que las constituyentes son, se supone, para eso.
En todo caso el abogado Escarrá resumió la idea de su convocatoria: “La Asamblea Constituyente busca crear el escenario para un diálogo mayor entre partes que hoy lucen irreconciliables y darle a la familia venezolana mayor paz y tranquilidad, por supuesto, todo ello a través de un diálogo plural”.
Lo cierto del caso es que la Constituyente que entró en funciones el 4 de agosto de 2017 no dialogó ni con ella misma. Su primera acción fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que pese a haber sido designada, y luego reelegida, en ese cargo por las mayorías chavistas de los Parlamentos previos a 2015 se había convertido en una piedra en el zapato para Maduro. La ANC prohibió la salida de la exfiscal del país pero esta logró escapar a tiempo. Así comenzó su andadura ese ensayo de democracia participativa.
Luego la Constituyente siguió dando muestras de su talante dialogante censurando y hostigando a sus propios miembros. Por ejemplo, Isaías Rodríguez (antiguo fiscal general del expresidente Hugo Chávez), que comenzó como segundo vicepresidente del organismo, fue destituido a los pocos meses cuando empezó a asomar críticas por la ausencia de debate interno. Se fue a rumiar su desencanto a la embajada venezolana en Roma.
Delcy Rodríguez, fidelísima escudera de Maduro, asumió la presidencia de la ANC y desde allí impuso su implacable disciplina. No se aceptaron iniciativas distintas a las que ella ya traía cocinadas. La vida del organismo se caracterizó por la opacidad y falta de debate interno por parte de sus 545 miembros totalmente controlados por Maduro, al punto de que ni a la prensa oficialista le podían declarar. La ANC sólo sirvió para aprobar lo que se le exigía.
Uno de sus miembros, Néstor Francia, llegó a admitir públicamente que se enteró de la decisión de disolver ese cuerpo por televisión y luego se quejó de que la obsecuencia se ha vuelto la norma dentro del chavismo con la frase: “lo que diga Nicolás”.
Earle Herrera, otro de los referentes de la ANC, cuestionó “el secretismo” de la Ley Antibloqueo aprobada por ese cuerpo, pero luego, por lo visto, recapacitó.
Precisamente el último capítulo de esta historia de sumisión total fue la aprobación de esa polémica ley que tanta diatriba provocó dentro del chavismo. Varios constituyentistas críticos de la iniciativa se quejaron luego de que efectivos de la Guardia Nacional (GNB) les impidieron ingresar al salón de sesiones.
La oposición, por otro lado, se llevó la peor parte pues la Constituyente operó como un órgano represivo ordenando allanar la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados, incluyendo a uno chavista.
Todo esto demostró la verdadera razón por la cual Maduro la instaló: bloquear definitivamente a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora electa en diciembre de 2015. Esa Constituyente, recordemos, fue elegida de manera bastante cuestionable, sin un referéndum popular que autorizara su convocatoria, sin participación distinta a los partidos oficialistas y con la tercera parte de sus miembros designados de manera corporativa por grupos sociales afectos al gobierno.
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