El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, anunció este martes que demandará a Odebrecht por el incumplimiento del pago de una parte de la multa de 220 millones de dólares que se estableció en un acuerdo firmado en el marco de la investigación de los sobornos pagados por la empresa a cambio de contratos públicos.
La Fiscalía panameña y Odebrecht firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en el plazo de doce años una multa de 220 millones de dólares, la cual fue validada por un tribunal panameño.
En un «análisis inicial» hecho por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) se llegó a la «conclusión de que la empresa Odebrecht ha incumplido el acuerdo y no ha pagado lo que le correspondía a los años 2019 y 2020», dijo el titular de la institución judicial.
«Por esa razón, las fiscalías anticorrupción están solicitando ya la audiencia correspondiente para reclamar ante los tribunales a la empresa el cumplimiento de dicho acuerdo», añadió.
Ulloa indicó además que en las próximas semanas se entregará a los tribunales la vista fiscal del caso de la constructora, algo que estaba previsto para diciembre pasado pero que no se pudo debido a que la pandemia retrasó la elaboración de los expedientes, según explicó.
Fuentes de Odebrecht explicaron a Efe que el Estado panameño le debe a esta empresa a la fecha de este martes 108 millones por el pago de obras que está realizando actualmente, mientras que la parte de la multa que le reclama el procurador es de 18 millones de dólares.
Las mismas fuentes aseguraron que recientemente establecieron contactos formales con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá para que esos 18 millones de dólares se descontaran de los 108 millones que le debe a Odebrecht.
La investigación del caso Odebrecht en Panamá concluyó en octubre de 2020 con un centenar de imputados, pero ningún sentenciado hasta ahora.
Entre los imputados por el delito de blanqueo en el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de cobrar coimas de la empresa, y el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), acusado de haber recibido de la constructora financiación ilícita para sus campañas electorales.
El capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI) indicó en un documento que también están imputados familiares de los expresidentes, varios exministros de Estado y exfuncionarios de los gobiernos de Varela, Martinelli y de Martín Torrijos (2004-2009).
También alertó que el juicio podría extenderse por años dada la cantidad de imputados y sus abogados, unas 180 personas, lo que hará complejo el proceso de notificación y de celebración de la audiencia preliminar, en la que se requiere la presencia de todos los involucrados.
EFE
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