La oposición concentró en una comisión delegada las facultades y decisiones del Parlamento electo hace seis años. Analistas justifican la medida, pero admiten que la estrategia jurídica es complicada de explicar al mundo.
Gustavo Ocando Alex | Voz de América
La continuidad del período del Parlamento electo en 2015 hasta que haya elecciones verdaderamente democráticas en Venezuela es una estrategia con fundamento constitucional y legal, pero difícil de digerir en los campos diplomáticos, coinciden expertos juristas y políticos.
La Asamblea Nacional venezolana electa en diciembre de 2015, de mayoría opositora, aprobó a finales del año pasado la prorrogación de sus funciones a pesar de que la Constitución determina que acababan el 5 de enero de 2021.
Los diputados que certificaron la “continuidad constitucional” del Parlamento explicaron que la misma duraría “hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”, es decir, hasta enero de 2022.
El argumento esencial es que las elecciones legislativas de diciembre de 2020, realizadas con el respaldo de los simpatizantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el concurso de una porción minoritaria de sus opositores, no pueden validarse como unas votaciones limpias, justas, ni democráticas, y que no se ha renovado la Asamblea.
Juan Guaidó, máximo representante del Parlamento desde enero de 2019 y considerado desde entonces como presidente interino del país por la “usurpación” de funciones de Nicolás Maduro, queda al mando de esa continuidad mediante una figura conocida como “comisión delegada”.
Esa tesis jurídica es el colofón de un ya complicado inventario constitucional de Venezuela en la que coexisten dentro del país y en el exilio dos presidentes, igual número de tribunales supremos de justicia, fiscales generales y cancilleres.
Se fundamenta en la ilegitimidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, y de las consecuentes elecciones presidenciales de 2018 y, últimamente, del Parlamento -el chavismo encabezó este martes la instalación del nuevo poder legislativo, que controla con 253 de 277 diputados-.
Nelson Chitty La Roche, abogado y jefe de cátedra de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, explicó en diciembre pasado a la Voz de América que el Parlamento votado en 2020 era un “fantasma” institucional, sin legitimidad de origen.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y no el Parlamento, renovó al poder electoral e intervino luego las directivas de tres de los cuatro partidos más importantes de la oposición de cara a ese proceso de hace un mes.
“Ello apunta a la actual AN, que no puede ser considerada que deja de serlo, porque no está siendo electa su sustituta en términos constitucionales. Hay una maniobra, una fragua que despoja de la soberanía”, argumentó Chitty La Roche.
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