Lucía es una niña de 13 años que vive en Pueblo Nuevo, una zona pobre en el centro de Mérida, en los Andes venezolanos.
Hace unos meses fue violada y quedó embarazada. No entiende que su maestra, que le ayudó a abortar, esté detenida. Y hasta se siente culpable.
Vannesa Rosales, profesora y conocida activista en Mérida por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, fue detenida el 12 de octubre del año pasado y desde este 11 de enero está en arresto domiciliario a la espera de juicio.
En medio de cada vez mayores avances feministas en la región, el caso pone el foco en la arcaica legislación del aborto en Venezuela, una de las más restrictivas en América Latina y que ni siquiera permite el la interrupción del embarazo en un caso de violación como el de Lucía.
Las activistas ven el caso como un «parteaguas» en un país conservador en el que numerosas luchas por derechos sociales se han visto aparcadas ante el continuo conflicto político y la crisis económica.
Rosales, de 31 años y a la que el juzgado le impide hablar con los medios, está acusada de «aborto provocado con la agravante de haberse cometido en una adolescente», «agavillamiento» (asociación criminal) y «asociación para delinquir», según el oficio judicial del 11 de enero.
El caso
La profesora trabajaba desde hace años en Pueblo Nuevo y conocía a Lucía desde que era más niña, cuenta a BBC Mundo Venus Faddoul, activista, amiga de Rosales y que forma parte del equipo de su defensa.
«No la iba a dejar abandonada», dice Faddoul, quien afirma que la misma doctora que atendió en un principio a Lucía, con problemas incluso de desnutrición, confirmó que era difícil que el embarazo llegara a término porque su útero no estaba aún desarrollado.
Lucía fue violada por alguien de su comunidad. El hombre fue detenido y puesto en libertad. Ahora está fugitivo.
El domingo 10 de enero, cuando el caso de Rosales ya se hizo público en los medios, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, publicó en twitter la solicitud a Interpol de orden de captura contra el presunto violador.
Al día siguiente, el tribunal otorgó la medida de casa por cárcel a la activista. Que el hombre saliera libre y ahora esté prófugo mientras Rosales está detenida agrega indignación entre los activistas.
Cuando la mamá se dio cuenta de que Lucía estaba embarazada, buscó la ayuda de Rosales, que facilitó información y las pastillas de misoprostol, un medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.
Una posterior visita al hospital de Lucía y su madre provocó la denuncia y la posterior detención de Rosales y de la mamá de la menor, que como está a cargo de una lactante no entró en prisión.
Ya en el centro de detención, una agente interpeló a Rosales sobre cómo podía haberle hecho a una niña de 13 años.
«Precisamente porque tiene 13 años», le respondió, según cuenta Faddoul.
Varios meses después, una campaña con organizaciones nacionales e internacionales está denunciando el caso.
Y eso coincidió con la medida de arresto domiciliario y con el tuit del fiscal.
Una ley del siglo XIX
El artículo 432 (y siguientes) del Código Penal de Venezuela regula el aborto en el país. Contempla penas de prisión y es en el que se basa la acusación contra Rosales.
Es una legislación que data del siglo XIX y que no contempla ningún supuesto, ni siquiera el de violación.
Únicamente no habrá pena si el aborto es «un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta». Y se reducirá el castigo si el «autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva».
«Un caso como este de aborto por violación en otros países no es ni delito, (el aborto) es un servicio que se presta desde el Estado», dice a BBC Mundo Magdymar León, coordinadora de AVESA (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa).
Esta ley arcaica y restrictiva obliga en Venezuela a que los abortos ocurran en la clandestinidad, lo que conlleva riesgo para las mujeres y provoca la existencia de mafias que operan en el mercado negro.
Según el informe de AVESA de 2019 titulado «Mujeres Al límite», por cada tres partos en los hospitales de Venezuela se atiende un aborto.
Esto indica que hay cierta «aceptación» de la sociedad pues ese alto número de casos no se traduce en denuncias, subraya León.
No fue lo que le sucedió a Rosales en Mérida, donde el caso fue denunciado cuando Lucía acudió al hospital con su madre.
A esto se le suma un contexto de falta de educación sexual en el que la crisis económica ha hecho aún más difícil conseguir métodos anticonceptivos.
«Estamos en una situación extremadamente precaria», critica Faddoul.
«Momento histórico»
Las activistas ven este caso como una oportunidad para al menos lograr flexibilizar la norma y que se contemplen los causales de violación, riesgo para la vida de la mujer e inviabilidad del feto.
Y así lo entiende Rosales.
«Era consciente de los riesgos. En algún momento sabíamos que iba a reventar esto públicamente», dice Faddoul, del equipo de defensa de la profesora, a BBC Mundo.
«Vannesa sabe que es un momento histórico y hay que saber aprovecharlo e interpretarlo para generar cambios», afirma la activista.
«Este es el momento, es un caso parteaguas gracias a la presión mediática e institucional que hicimos», agrega.
Hay varios elementos que alimentan ese optimismo. Además de la decisión del juez de otorgarle arresto domiciliario a Rosales y el tuit del fiscal al poco del inicio de la campaña, más de 200 organizaciones nacionales e internacionales denunciaron el caso de forma conjunta.
Y en un país tan polarizado, el caso ha logrado unir a agrupaciones cercanas al chavismo gobernante y a la oposición.
«Logramos unificar por primera a organizaciones de todas las tendencias, es muy satisfactorio», destaca Faddoul.
«Tras tanta presión que hemos ejercido ningún factor político se quiere calar (aguantar) esta guerra», añade.
Las vías de un eventual cambio
Hace unos días, el periodista Vladimir Villegas le preguntó en televisión sobre el aborto a Jorge Rodríguez, figura del chavismo y presidente de la nueva Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.
No era una pregunta sobre el caso Romero, sino sobre si el Parlamento debatiría una legislación como la aprobada recientemente en el Senado argentino.
«Hicimos una consulta que llegó a tener más de 40 propuestas. No puedo darte mi postura, pero todo lo que hagamos será a través de la consulta popular», dijo Rodríguez en un poco habitual comentario sobre el aborto por parte de un dirigente político.
La respuesta fue replicada por una cuenta de twitter del partido gobernante, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).
El oficialismo chavista, que se califica de izquierdas, no avanzó en un cambio de legislación y tampoco lo hizo la oposición, que tuvo mayoría en la Asamblea Nacional desde 2015 y hasta este pasado 5 de enero.
Venezuela es un país conservador y católico donde además el movimiento evangélico, como en toda América Latina, ha ido ganando terreno.
El presidente, Nicolás Maduro, incorporó mensajes para este grupo en la campaña de las elecciones presidenciales de 2018, en las que participó el pastor evangélico Javier Bertucci, ahora diputado.
León sabe que el del aborto es un debate controvertido, pero cree que ahora se abre un «escenario interesante».
Cree que la vía legislativa a través de la Asamblea Nacional es más factible que la del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que desde el 2018 tiene pendiente admitir un recurso para despenalizar el aborto.
León es realista y sabe que no se puede proponer una despenalización amplia y sin causales.
«Eso no va a ninguna parte. No podemos pasar de cero a 100 de un solo brinco, pero veo una altísima probabilidad para un planteamiento que flexibilice la norma con causales», dice optimista.
León lamenta que la mayoría de los partidos políticos no tengan siquiera una posición sobre el tema, aunque en una encuesta que hizo como trabajo académico en 2012 con diputados de diferentes tendencias vio que «todos estaban de acuerdo en despenalizar en caso de los tres causales».
Sin embargo una eventual ley, un proyecto aún muy lejano, se enfrentaría también a un conflicto con la Constitución, pues su artículo 76 dice que el Estado protegerá la maternidad «a partir del momento de la concepción».
«El tema es relevante pues si el aborto está prohibido en la Constitución, no bastaría con una reforma legal», dice a BBC Mundo el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández.
Mientras, a la espera de juicio, Rosales permanece encerrada en su casa, donde le están empezando a aparecer los dolores producto de tres meses en una precaria prisión de Mérida.
Pero está satisfecha de haber ayudado a Lucía y de que en Venezuela se esté hablando de la despenalización del aborto.
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