El Estado venezolano está en la obligación constitucional de promover la agricultura sustentable como base del desarrollo rural, pero para el régimen del usurpador Nicolás Maduro, el derecho humano a la alimentación es letra muerta.
Así lo denunció desde Mérida Alexis Paparoni, diputado miembro de la Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional (AN) y coordinador del Frente Agroalimentario Nacional, este sábado 23 de enero, fecha que consideró propicia para elevar nuevamente en todos los estados del país la voz de los productores venezolanos oprimidos por el actual gobierno, por conmemorarse 63 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Esta proclama que nacionalmente elevan hoy simultáneamente los productores en todos los estados y municipios del país, a las 9:30 de la mañana, tiene como propósito rechazar las condiciones en que está sumergido el sector agroproductivo, pues “para nadie es un secreto que el campo venezolano sufre la peor crisis que se conozca en la historia de nuestro país, como producto de la pésima gestión de la política agroalimentaria que ejecuta el régimen revolucionario”, dijo Paparoni.
Para consolidar la seguridad alimentaria se debe desarrollar e impulsar la producción agropecuaria interna, tal y como lo establece la constitución nacional, pues es fundamental la producción de alimentos para el desarrollo económico y social de la nación; sin embargo, en Venezuela la realidad es otra y la crisis que se vive en el sector productivo de alimentos – aseguró Paparoni – es causada por una política sectorial incoherente, inconsulta, retrógrada y contraria a los intereses nacionales.
Recordó el diputado que el régimen desde 1999, ha venido creando leyes y decretos que convirtieron en letra muerta este mandato constitucional y comenzó a dictar medidas contrarias a la libertad económica y al respeto a la propiedad.
El coordinador del Frente Agroalimentario Nacional, Alexis Paparoni, detalló que fue a partir del año 2008 cuando la producción de casi todos los rubros agrícolas comenzó a descender y en 2013 la producción entró en barrena, siendo las causas de este declive la escasez de insumos, maquinarias, repuestos y su alto costo dolarizado, las dificultades para conseguir combustible y el casi inexistente servicio de energía eléctrica. Todo esto aunado a la inseguridad personal en el campo, el abigeato, robos, invasiones y saqueos de las unidades de producción, así como el cobro ilegal de comisiones sobre la cosecha que les imponen arbitrariamente.
“Estos factores terminan conformando un cuadro de inseguridad jurídica y personal, que raya en una actividad delincuencial, que nada tiene que ver con sanciones internacionales”, aseguró Alexis Paparoni, quien fustigó al régimen que pretende argumentar que la destrucción del sector productor de alimentos se debe a las sanciones impuestas por países preocupados por rescatar la libertad de Venezuela.
Para Paparoni, toda la crisis existente en el sector agroproductivo del país es el resultado de una política macroeconómica que ha sido letal para el desarrollo social y económico de la nación, la cual ha generado elevados costos de los bienes y servicios que golpean al bolsillo de más del 90% de la población, cada vez más empobrecida por la caída de la capacidad adquisitiva familiar, que no permite a un 80% de ella ni siquiera abastecerse de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos mínimos de sus necesidades nutricionales.
Por ello y ya para finalizar, dijo que los productores venezolanos hacen un llamado a las organizaciones políticas que luchan por una mejor Venezuela, a la sociedad civil organizada y a los gremios para que unidos alerten al mundo sobre la crisis humanitaria existente e insten a los países que han brindado su apoyo a hacer cumplir los tratados internacionales suscritos para defender la libertad y para restablecer la democracia.
Prensa UNT Mérida
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