60 ONG firmaron una carta donde piden a la relatora de la ONU, Alena Douhan, que tome en cuenta la situación preexistente a las sanciones, constate la falta de transparencia en la gestión de Maduro, y se reúna con activistas y medios.
Más de 60 organizaciones no gubernamentales se pronunciaron por medio de una carta abierta sobre la visita de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan. Tras darle la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos, las ONG les dicen expresan sus puntos de interés e inquietudes. Lo primero que se manifiesta en la misiva es: «Su visita es un paso positivo pero, por sí solo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país».
Desde la visita al país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2019, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro se comprometió a permitir la visita de por lo menos diez mecanismos en el término de dos años, pero solo se ha concretado la de Alena Douhan; por lo que las organizaciones no gubernamentales recuerdan que es importante destacar que la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo pueden asesorar e investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos las Naciones Unidas refrendó ese compromiso en su Resolución 42/L4 en septiembre de 2019 y propuso que se invitaran a los siguientes mecanismos: Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales condenan que hasta la fecha ninguno de ellos haya visitado el país, ni existan informaciones de que hayan sido invitados formalmente por las autoridades de facto.
A juicio de las ONG y pese a las dificultades por la pandemia del coronavirus, «las autoridades han entorpecido la visita de otros mecanismos, centrándose únicamente en su presencia (de la relatora de la ONU). Es un hecho notorio que ese gobierno instrumentaliza las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos de América, para ocultar su responsabilidad en la crisis humanitaria compleja, causada por años de corrupción a gran escala, que han significado crímenes contra el patrimonio de la nación que hoy se encuentran impunes», se lee en el comunicado.
No obstante, estas organizaciones reconocen el impacto negativo de las sanciones sectoriales sobre los venezolanos y apoyan la solicitud hecha por Bachelet «que se suspendan o alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en la respuesta a la covid-19 y atender otras necesidades de la población».
Además, estas organizaciones le exponen a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro «ha incumplido su deber de cooperar con los relatores y grupos de trabajo que le han enviado comunicaciones para solicitar información oficial sobre casos de violaciones a los derechos humanos». Detallan que, desde 2011 el gobierno ha recibido 84 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39″.
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