El Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde a la regulación para la mayor parte del Fondo de Recuperación de la Unión Europea (UE), el histórico instrumento para hacer frente a la reconstrucción pospandemia del que a España le llegarán unos 140.000 millones de euros.
Los diputados dieron su apoyo a las normas sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones, en un nuevo paso en la puesta en marcha de este pilar principal del fondo que canalizará 672.500 millones de euros del total de 750.000 millones.
Este dinero, sin embargo, no estará disponible hasta que todos los Estados ratifiquen la legislación que permitirá a la Comisión emitir la deuda para financiar el Fondo, algo que hasta ahora solo han hecho seis países.
La Eurocámara confirma con este voto el compromiso al que llegaron sus negociadores con los del Consejo el pasado diciembre, que recoge que para recibir las ayudas los países tienen que presentar planes de reformas e inversiones destinadas a impulsar el crecimiento, la creación de empleo y las transiciones ecológica y digital.
Estos planes deben abordar una parte importante de las recomendaciones económicas que les hace anualmente la Comisión y ser aprobados por el Ejecutivo comunitario y el Consejo. Los desembolsos, dos veces al año, estarán condicionados a que se cumplan los objetivos y el calendario pactado con Bruselas.
LOS DIPUTADOS ESPAÑOLES, SATISFECHOS CON EL RESULTADO
Una de los tres negociadores principales del Parlamento, la socialista Eider Gardiazábal, recalcó a Efe que valora que «se han aprendido muchas lecciones de la crisis anterior» y destacó especialmente el refuerzo en el pilar social del mecanismo, que a su juicio había quedado diluido en la propuesta inicial. La respuesta que se ha dado, dijo, «demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera».
Para Isabel Benjumea (Partido Popular), la concesión más relevante extraída es la labor de vigilancia para la Eurocámara sobre los planes de recuperación que presenten los países, que no estaba garantizada desde el inicio por tratarse de un paquete externo al presupuesto de Unión Europea. «Les podemos garantizar que desde el Parlamento Europeo vamos a mirar con lupa el plan que finalmente presente el Gobierno de España», advirtió Benjumea.
Desde Ciudadanos, Luis Garicano coincidió con Benjumea en valorar el mayor control que tendrán no solo la Eurocámara –que recibirá a la vez que el Consejo la documentación relevante–, sino también la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o los auditores comunitarios, y subrayó el aumento de la tasa de prefinanciación al 13 % y las metas vinculantes de gasto en las transiciones ecológica y digital (del 37 % y 20 % respectivamente).
Para Ernest Urtasun (En Comú Podem), es clave que ese 37 % del gasto para paliar el cambio climático se haya definido de forma más ambiciosa y, en cualquier caso, que la totalidad del mecanismo siga el principio de «no dañar significativamente» el medioambiente. Esto significa, por ejemplo, que las actividades con combustibles fósiles quedan excluidas. «Desde el punto de vista del efecto que tendrá sobre los planes nacionales, esto sin duda es lo más relevante», afirmó. EFE
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